Representantes de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) plantearon este viernes su disconformidad con respecto a las reformas a la Ley de Servicios Privados de Seguridad que se estudian en la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa.

Las reacciones del presidente de UNAPS, Óscar Alberto Quiteño, y del director ejecutivo, Carlos Novoa, fueron brindadas en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Expusieron que entre las reformas que se buscan implementar se encuentra establecer jornadas de trabajo de ocho horas máximo y hasta cuatro horas extra diarias, en lugar de los turnos de 12 y 24 horas que realizan la mayoría de vigilantes privados.

La UNAPS plantea que "pagando el salario mínimo más horas extras diarias", un vigilante que labore su jornada de ocho horas más cuatro extras para cumplir con un total de 12 horas al día estaría devengando al mes un total de $1,023.

Actualmente, el sueldo que reciben generalmente es un salario mínimo de $350, pese a las extensas jornadas.

Según la UNAPS, antes del incremento al salario mínimo, cuando este era de $300, las empresas cobraban a sus clientes un promedio de $836 mensuales por el turno de 24 horas, y con el aumento al salario mínimo actualmente se cobra entre $1,000 y $1,600. 

Con las reformas (con vigilantes devengando $1,023 por las horas extras) el precio que las empresas de seguridad ofrecerían a sus clientes por el servicio podría llegar a $2,600 o $2,700, plantea la UNAPS.

En ese sentido, dijo que están en desacuerdo y la propuesta de las empresas de seguridad es "seguir como se está ahora", es decir, continuar pagando a los vigilantes el salario mínimo manteniendo los turnos como están (de hasta 24 horas), sin pago de horas extra y en su lugar un bono mensual de $150 como "reconocimiento".

Su argumento es que con el aumento al salario mínimo, y el consecuente aumento al cobro a clientes, se dejaron de pagar el servicio por 1,600 agentes de seguridad. Explicaron que estos fueron absorbidos por las plazas vacantes y solo hubo un "pequeño" número de despidos.

Otra de las propuestas en las reformas, dijo UNAPS, es que a los vigilantes despedidos se les indemnice con dos salarios por año. Para la asociación, los costos por indemnización serían insostenibles y se verían en la imposibilidad de pagarlos.

La asociación, dijeron, aglutina a 82 empresas de seguridad, de un total de 432 registradas en El Salvador; y dan servicio a unos 18 mil clientes.