Solo en el gobierno del presidente Nayib Bukele el presupuesto de la CSJ aumentó en $140,8 millones. El aumento de empleados más alto fue entre 2023 y 2024, pasando de 10,872 a 11,707, reflejando un alza de 835 nuevas plazas.
La Corte Suprema de Justicia tiene asignado, según la Constitución, el 6 % del Presupuesto General de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasó de tener un presupuesto de $101,9 millones anuales en el año 2000 a $443 millones en el 2024, cuadruplicando así el dinero destinado para el funcionamiento del Órgano Judicial. Estos datos también reflejan un aumento de plazas, pasando de 7,765 a 11,707 en las últimas dos décadas.
De acuerdo a datos consultados del Ministerio de Hacienda, los aumentos más significativos en la CSJ fueron a partir de 2008, representando aumentos de entre 13 y 16 millones de dólares cada año. El más fuerte fue con el actual gobierno del presidente Nayib Bukele, en 2021, cuando aumentó en $39,5 millones.
Solo en el primer quinquenio de Bukele el presupuesto de la Corte Suprema aumentó en $140,8 millones. Dicho aumento se mantuvo en los últimos dos años.
Pero a pesar que el presupuesto del Órgano Judicial aumentó, para el año 2025 hay temor de un recorte económico y de despidos debido a que el expresidente de la CSJ, Óscar López Jerez, pidió en julio de este año los datos de empleados de todas las unidades y juzgados.
Fuentes judiciales dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que eso significa una posible amenaza de despidos masivos, como ya ocurrió en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Universidad de El Salvador (UES).
Este medio consultó con tres sindicatos de la CSJ sobre la posibilidad de una reducción de presupuesto después que el mismo López Jerez, en agosto, dijo ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que la Corte podría funcionar con el 5 % del Presupuesto General de la Nación, pese a que la Constitución estipula que le corresponde no menos del 6%.
Stanley Quinteros, secretario del Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES), dijo que debe respetarse la Constitución de la República, ya que esta establece que el presupuesto de esta entidad no debe ser inferior al 6%.
Quinteros considera que varios candidatos que mencionaron el tema de la reducción en las entrevistas para la elección de las magistraturas “desconocen las funcionalidades del Órgano Judicial”. Dijo además que cuando hay cambios en jurisprudencia, que por ejemplo indique la creación de nuevos tribunales, esto implica muchos más gastos.
“Esto implica una plantilla laboral más alta, mayores recursos informáticos, mobiliario, equipo, vehículos, papelería, la implementación de un tribunal o de una oficina... todo lo que se necesita para que sea funcional. Cuando varios opinan sobre la reducción del presupuesto del Órgano Judicial es porque no conocen las entrañas”, aseveró.
Otro sindicalista, miembro del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) y quien pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que por el momento no está contemplada una reducción en el presupuesto de la Corte, pero que en la práctica sí es evidente, ya que muchos de los proyectos que se proyectan cada año no se ejecutan.
“Al final no cumplen. La Corte debe un montón de arrendamientos, no se cumplen proyectos por falta de licitación debido a que el Ministerio de Hacienda nunca resuelve y manda aprobaciones ya en septiembre, cuando ya no se puede hacer nada. No hay proveedores que quieran contratar con la CSJ por falta de pagos, y todo es debido a que Hacienda no libera los fondos. En pocas palabras no están cumpliendo con ese 6 % desde hace ya varios años”, aseveró el sindicalista.
Un representante del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), que también pidió anonimato, dijo que teme que en las próximas semanas haya una reducción de plazas y que sean “daños colaterales”, pues aseguró que el expresidente Óscar López Jerez contrató muchas plazas cuando entró al cargo, pero ahora ya no lo ostenta.
“El expresidente López Jerez contrató más de 1,000 plazas administrativas mayormente innecesarias. Saturó la planilla como nunca antes”, aseguró.
Respecto a los rumores de despidos a causa de una posible reducción presupuestaria, dijo que habrá “daños colaterales” porque las plazas a suprimir no serán las contratadas en los últimos meses. “Normalmente echan a los que no tenemos padrinos, a los que ya tenemos años de estar en la institución”, aseveró.
El aumento de plazas más alto durante este gobierno fue entre 2023 y 2024, pasando de 10,872 a 11,707,reflejando un alza de 835 nuevos puestos.
Se buscó por medio del área de comunicaciones de la CSJ declaraciones del magistrado Óscar Alberto López Jerez para saber su versión de estas plazas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se envió mensajes al recién electo presidente de la CSJ, Henry Mejía, sobre las expectativas del presupuesto para 2025 que debe ser presentado a más tardar el próximo 30 de septiembre, pero tampoco hubo respuesta.
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