Diputados de Nuevas Ideas impulsan una serie de disposiciones para motivar a que la población registre armas que están en la ilegalidad. En 2022 se había presentado una propuesta de reformas, pero se archivó.
El registro de armas en El Salvador está a cargo del Ministerio de Defensa.
Las estadísticas oficiales de armas registrados están bajo reserva desde 2022.
La Comision de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa tiene listo un dictamen con un decreto de “Disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego en el país”, el cual, luego de su aprobación, permitiría que los ciudadanos que tengan un arma de fuego que no esté registrada puedan hacerlo durante 90 días, sin tener que justificar su origen o comprobar a fondo el uso dado.
Aunque el dictamen recibió el visto bueno de la Comisión la semana pasada, este todavía no ha escalado al pleno y ha recibido críticas de diputados de oposición, organizaciones sociales e incluso de un asesor de seguridad gubernamental.
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas y presidente de la Comisión, justificó en la reunión del pasado 24 de septiembre que las disposición van dirigidas a personas y empresarios que en el pasado compraron armas de fuego para “defenderse de la inseguridad que imperaba en el país”, pero que no habían tenido tiempo de registrarlas.
“Para ellos va esta iniciativa (...) A esos buenos salvadoreños que se armaron en su momento para defender a su familia, defenderse ellos mismos o defender su negocio, a esos van dirigidas estas disposicion”, dijo Navarro, quien hizo incapié en que el objetivo es “controlar las armas ya existentes en el país”.
El criminalista Ricardo Sosa, asesor del Ministerio de Seguridad, señaló en su cuenta de X que esta idea es contraria al trabajo que el gobierno ha hecho en este tema. “¿En qué abona a El Salvador que la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea pretende emitir decreto transitorio para legalizar armas irregulares, que los ciudadanos tienen en su poder ocultas, que han sido adquiridas en condiciones sin cumplir la Ley? No se necesitan más armas de fuego en poder de la población. Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial y un mal ejemplo de legislaturas anteriores”, publicó Sosa también el 24 de septiembre.
LA PRENSA GRÁFICA intentó contactarlo para profundizar en su análisis, pero aunque atendió la llamada telefónica dijo que no tenía tiempo para hacerlo.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo al respecto que estas son “disposiciones transitorias” y que es una ley “para gente honrada”.
“Recibimos muchas solicitudes de personas que en su momento se hicieron de un arma para defenderse y que ahora necesitan legalizarlas. Con esto vamos a evitar que existan en la calle armas ilegales. Entrarán en un registro y no estarán en la ilegalidad”, declaró Castro.
Y añadió que no sabe si Sosa está muy informado sobre el tema. “Él dice que el peligro es que ahora un delincuente robe un arma legalizada, pero para el pueblo salvadoreño es mejor tener una trazabilidad, que se sepa la información de esa arma aunque la roben”, añadió.
La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, dijo que opina lo mismo que Ricardo Sosa, pues considera que aprobar estas disposiciones sería un error.
“No solo por el tema de si es contrario o no al Plan Control Territorial, sino porque se puede prestar para abusos y también porque no se nos compartió la información del dictamen ni nada, pese a que lo pedimos. No podemos votar por algo que no conocemos. Incluso se habla de que cualquier persona puede hacer una denuncia anónima y sin penalidad, pero esto ya lo hemos visto con el régimen de excepción y hay que tener cuidado”, expuso.
En enero de 2022 la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), junto a la Red de Sobrevivientes y el movimiento Humanium-Metal El Salvador presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Armas, misma que había sido construido con apoyo de movimientos sociales, líderes comunales y la misma Policía.
En esta propuesta solicitaban aspectos como establecer el límite de armas que puede tener una persona, prohibir las armas a personas con historial de comportamiento violento, exigir exámenes psicológicos para poseer un arma y realizar campañas de concientización sobre su uso. Pero la propuesta nunca fue atendida en el Órgano Legislativo y fue engavetada.
“Algunas de las propuestas tenían que ver con tocar intereses económicos, por ejemplo, reducir las importaciones de armas al país o limitar la cantidad de armas que una persona podía tener por persona. Basado en esto podría suponerse falta de voluntad política de legislar sobre un tema que trae aparejado otra serie de factores e intereses que deben analizarse”, respondió Dina Martínez, director de acceso a la justicia de FESPAD, sobre las razones por las cuales consideran que la propuesta no fue bien recibida en la Asamblea.
Ahora que el partido Nuevas Ideas impulsa esta serie de Disposiciones Transitorias, desde Fespad consideran que hay aspectos que todavía no quedan claros.
“Si bien la disposición transitoria va encaminada a registrar y tener control de las armas de fuego que fueron adquiridas de manera ilegal, se deberá garantizar que se cumplan los requisitos planteados en la misma propuesta: que las armas no estén involucradas en el cometimiento de ningún delito y que la persona que la quiere registrar no tenga procesos penales pendientes. Pero además deberían incluir otros aspectos, por ejemplo, que las personas no tengan antecedentes de violencia hacia la mujer, que se haga el proceso de marcaje del arma y que se consideren los tipos de armas a registrar, y que exista una limitante en la cantidad de armas que quieren registrar, entre otros”, añaden.
Las estadísticas oficiales sobre armas registradas en el país no son entregadas desde el año 2022, pese a que LA PRENSA GRÁFICA ha hecho solicitudes al Ministerio de Defensa para acceder a ellas.
Previo a esta reserva se supo que en el 2020 se cometieron 926 homicidios con arma de fuego, lo que representó un 70 % de las muertes violentas de ese año.
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