El 25.1 % de los hogares salvadoreños vivía en pobreza multidimensional en 2023. Los datos oficiales sugieren que el ambiente de seguridad podría estar haciendo la diferencia.
La pobreza multidimensional mide carencias de los hogares en aspectos no solo económicos, también de calidad de su vivienda, educación, salud y seguridad pública. Archivo LPG
En 2023, el 25.1 % de los hogares vivía en pobreza multidimensional, según la Encuesta de Hogares del Propósito Múltiples 2023, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONEC) del Banco Central de Reserva (BCR), la cual ha sido publicada en el sitio oficial de la institución, pero que no ha sido presentada por las autoridades.
La investigación, entre muchas otras cosas, determina la cantidad de hogares y de personas que viven en pobreza, pero esta es medida de dos maneras. Las más común y conocida es la llamada pobreza monetaria, la cual contrasta los ingresos de los hogares con el costo de la canasta básica alimentaria.
Luego está la pobreza multidimensional, la cual determina el bienestar de los hogares en 20 indicadores distribuidos en cinco dimensiones: educación; condiciones de vivienda; trabajo y seguridad social; salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, y calidad del entorno, lo cual incluye seguridad pública.
La pobreza monetaria, según la EHPM 2023, afectaba a 27.2 % de los hogares y al 30.4 % de las personas. La pobreza multidimensional, por otra parte, afectaba al 25.1 %. La institución no revela la cantidad de personas que viven en pobreza multidimensional. No está claro si hubo dificultades técnicas para determinar el dato o solo si solo fue censurado del informe.
LA PRENSA GRÁFICA contactó al equipo de comunicaciones del Banco Central de Reserva y solicitó hablar con alguien de la institución para resolver esa y otras dudas. La petición fue tomada, pero al cierre de esta nota aún no había una respuesta.
Los datos, en todo caso, muestran que la pobreza monetaria ha aumentado en los últimos dos años y está en su nivel más alto desde 2017. La pobreza multidimensional, por otra parte, muestra una reducción constante desde 2014, año en que se comenzó a medir. Los datos sugieren que las mejoras en la calidad del entorno, lo cual incluye seguridad pública, está haciendo la diferencia a favor.
El reporte de 2023 consigna que El Salvador mejoró su posición en nueve indicadores; empeoró en otros nueve, mientras que dos siguieron iguales. Hay que tomar en cuenta que si un hogar presenta privaciones en siete o más indicadores, se considera pobre multidimensional.
Al observar los indicadores por dimensión, el país mejoró o se mantuvo en casi todos los relacionados a educación: inasistencia escolar, rezago educativo, cuido temprano inadecuado, baja educación de adultos. En el otro extremo, el país empeoró en casi todos los indicadores de vivienda. El resto de dimensiones aparecen con resultados mixtos: mejoras y aumento casi a partes iguales.
Los datos muestran, sin embargo, una particularidad con la dimensión calidad de hábitat o del entorno, ya que de sus cuatro indicadores, mejora en dos y empeora en dos. En uno de ellos, sin embargo, mejora muchísimo: restricciones debidas a la inseguridad. En 2022, el 30.7 % de los miembros del hogar no realizaron alguna de las siguientes acciones por la inseguridad: salir de noche, dejar que los niños y las niñas salgan a jugar, dejar sola la casa, poner un negocio o transitar con libertad. En 2023, el porcentaje bajó a 15.3 %. Hay 15.4 puntos de mejora.
La misma investigación muestra, sin embargo, que entre 2022 y 2023 hubo un aumento en la incidencia de crimen y delito. En 2022, el 6.4 % de los hogares fueron afectados por algunos de los siguientes delitos: lesiones, extorsiones, secuestro, robo, hurto, estafa, amenazas o ataques sexuales. En 2023, la cifra aumentó 6.9 %.
Esta información, recolectada por el mismo Gobierno, sugiere que la reducción de los homicidios y la captura de pandilleros ha mejorado la sensación de seguridad, pero la incidencia delictiva total sigue apenas debajo de la registrada en 2019 (7.6 %).
La sensación de mejora en el ambiente de seguridad, sin embargo, no es algo que haya pasado solo en el último año o desde que comenzó el régimen de excepción.
Hace 10 años, cuando se comenzó a investigar la pobreza con un enfoque multidimensional, el 54.4 % de las familias se abstenían de realizar algunas actividades por la inseguridad.
En 2015, uno de los años con más homicidios registrado en el país, la cifra de familias que se abstenían de realizar algunas actividades por miedo subió a 58.3 %. En términos más simples, casi seis de cada 10 familias vivían con temor.
Luego, a partir de 2016, este indicador comenzó a mejorar y lo ha hecho por los últimos ocho años. Las cifras muestran que ha habido tres años con mejoras significativas. El primero fue en 2017( -8.3 puntos), luego 2022 (-5.7 puntos) y 2023 (-15.4 puntos).
En la serie de datos también hay una mejora notable de 6.8 en 2020, pero se revirtió en parte en 2021. La información sugiere que esa mejora se debió a las cuarentenas realizas para combatir la pandemia de covid-19 a lo largo de ese año.
El informe del Gobierno también permite observar dónde están los mayores desafíos estructurales de la sociedad salvadoreña. Uno de ellos es la baja educación de adultos, ya que en el 74.9 % de los hogares hay al menos un adulto con un nivel educativo inferior al mínimo esperado para su rango de edad.
Luego, está la falta de acceso a la seguridad social: en el 68.8 % de los hogares hay alguna persona laboralmente activa que no es beneficiaria ni cotizante de un seguro de salud (incluye al ISSS) ni es cotizante o beneficiaria del sistema de ahorro para pensiones.
Y un tercer gran desafío es la inestabilidad en el trabajo, ya que en el 62.9 % de los hogares hay personas que tiene un trabajo, pero con períodos de inactividad forzosa superiores a un mes en el año, no trabajan a tiempo completo o si lo hacen pero ganan menos del salario mínimo establecido por la ley.
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