Según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno salvadoreño ha gastado, hasta mayo, $625 millones en atender la emergencia por el covid-19, dinero que ha sido juntado para tal fin en el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), y luego trasladado a diferentes entidades del Ejecutivo.

Las compras y contrataciones hechas para atender la emergencia, utilizando estos fondos públicos, pueden verse en su mayoría en el sitio web del Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal), con excepción de las que ha realizado el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En lo que va de la emergencia, y según un informe del Ministerio de Hacienda actualizado hasta finales de mayo, el MAG es la segunda entidad que más fondos FOPROMID ha recibido. En primer lugar aparece el Ministerio de Economía (MINEC), ya que a través de este se canalizó el dinero para la entrega de un bono de $300 a más de 1.2 millones de familias, y que requirió un desembolso de $375 millones.

Pero después del MINEC, ha sido el MAG a quién más fondos se le ha transferido, con $79.8 millones, señala el informe de Hacienda.

El informe de Hacienda tampoco incluye detalles, solo dice que al MAG se le entregaron $79,788,563 para "adquirir productos para el programa Cesta Alimentarias, contratar servicios de maquila para el empaquetado de 1.7 millones de cestas de alimentos, adquisición de equipos, contratación de recurso humano y asistencia técnica".

El MAG también debería enviar los reportes respectivos a la Asamblea Legislativa, pero no lo ha hecho. El único informe con el que cuenta la comisión de hacienda es el que envió el Ministerio de Hacienda en mayo, donde informa que transfirió $55.2 millones para adquirir producto para el programa de la cesta alimenticia. "Pero no se detalla nada acerca de esta transferencia", dice la diputada Yanci Urbina, del grupo parlamentario del FMLN, y miembro de la comisión.

"Esto nos parece incorrecto, que no esté siendo transparente el manejo de los fondos públicos", señaló.

La Asamblea aprobó en marzo la facilitación de compras para poder hacer frente a la pandemia del covid-19, según lo estipulado en la Ley de Emergencia, pero también estipuló que todas las contrataciones y compras deberían hacerse bajo los principios de la Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP), como el de máxima publicidad, disponibilidad y prontitud, así como rendición de cuentas.

Las instituciones que han recibido fondos públicos para atender la emergencia están obligadas a realizar las liquidaciones correspondientes, a dar rendiciones de cuenta, y a informar con claridad cómo fue utilizado el recurso y los impactos que han tenido, aseguró la diputada.

La Ley de Emergencia permitió hacer compras directas entre el 23 de marzo y finales de mayo, cuando dicha ley dejó de estar vigente. Actualmente, sin una ley de emergencia o estado de excepción, las entidades públicas están obligadas a seguir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

"Hemos insistido en que estas compras deben hacerse de forma transparente y debe informarse a la población y la Asamblea sobre la forma en la que se está haciendo", añadió la legisladora.

Insistió en que todos los decretos aprobados a la fecha incluyen la obligatoriedad de rendir informes, pero que los que se han recibido, en general, son escuetos. "La emergencia no supone una supresión de la transparencia", agregó.

El Ministerio de Agricultura también ha pedido prórrogas a la Corte de Cuentas para someterse a las auditorías del programa de cestas solidarias.