El país recibió un puntaje de cero en el apartado de protección a periodistas del Índice de Chapultepec. La APES registra 14,840 insultos en este 2024.
El Salvador ofrece pocas garantías para el periodismo
El Salvador obtuvo un puntaje de cero en el apartado de protección a periodistas en la edición 2024 del Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que mide la libertad de expresión y prensa en la región. “Con un índice total de 4,47 sobre 20, el país refleja graves deficiencias en la protección de periodistas, obteniendo 'cero' en este aspecto. La persecución y la impunidad también muestran resultados preocupantes, con puntuaciones de 0,30 y 1,18, respectivamente”, añade.
El Índice también señala que hay una “falta de garantías para el ejercicio seguro del periodismo”, lo cual viene dado por la impunidad y que a su vez aumenta las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación.
En su análisis, la SIP sostiene que el Órgano Legislativo salvadoreño “no ha desarrollado medidas suficientes para proteger a los comunicadores y periodistas en ejercicio”.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sergio Arauz, citó que solo en los primeros seis meses de 2024 han registrado 14,840 insultos a periodistas en redes sociales. Estos son ataques que reciben los comunicadores por hacer su trabajo.
“El gobierno se ha encargado de debilitar el ecosistema de medios independientes y que promueven la calidad informática y la transparencia. Por eso es que prevalece e impone en su narrativa una maquinaria de propaganda que difunden mensajes de un país que no existe. El disenso y la vocería crítica está siendo extinguida”, aseveró Arauz al analizar la situación.
Además, dijo que el Estado debe ser el responsable de que la prensa haga su trabajo sin hostilidades ni persecución, algo que en el país no está sucediendo. “Lastimosamente El Salvador carece de instituciones fuertes y democráticas debido al poder concentrado y concebido al presidente Bukele y su familia”, aseguró.
Dijo que aunque hay un contexto hostil y sin democracia, la APES ayuda y defiende los derechos del gremio periodístico.
Sobre la posibilidad de entregar una nueva propuesta de Ley para Periodistas, en sustitución de la que presentaron pero no fue estudiada y fue archivada en 2021, Arauz dijo que ve difícil esta opción, por la actual disposición de la Asamblea Legislativa, ya que una reciente investigación se evidenció que el actual presidente de este Órgano del Estado, Ernesto Castro, conspiró contra ciertos periodistas.
“Hemos escuchado como el presidente de la Asamblea Legislativa, en unos audios, conspira para montar esquemas de espionaje y persecución de periodistas… el lenguaje que prevalece, desde el oficialismo, es el del insulto y la polarización. Por eso en los primeros seis meses de este año hemos contabilizado 14,840 insultos a periodistas. Es difícil pensar que en la Asamblea se promuevan iniciativas a favor de los periodistas”, aseveró.
Sobre un marco normativo para periodistas, Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), dijo que la ausencia de este instrumento “evidencia la negligencia de la Asamblea para legislar sobre la materia”.
“Y más grave aún, el discurso estigmatizante y el patrón de ataques verbales de altos funcionarios del Ejecutivo y Legislativo en contra de los medios de comunicación refuerza la existencia de un entorno violento y de incertidumbre para los medios de comunicación. Las elecciones de 2024, y en particular las constantes obstaculizaciones que sufrieron los medios para hacer cobertura de los escrutinios electorales, son de los más claros ejemplos de esta desprotección”, aseveró.
Rodríguez detalló que ha verificado que cada vez que un medio de comunicación publica un caso de corrupción “el entorno del oficialismo hace gala de su esencia más antidemocrática, atacando al medio emisor de la nota en vez de transparentarse, aclarar o ponerse a disposición para la investigación pertinente”.
El defensor de derechos humanos también señaló los retrocesos en transparencia, ya que hay menos información oficial y no se están justificando los índices de reserva. En otros casos, las instituciones no quieren brindar información. “En El Salvador tenemos Ley de Acceso a la Información Pública, pero se nos ha quitado el derecho a obtenerla”, aseguró.
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