El gobierno salvadoreño ha logrado ampliar los plazos de los pagos de la deuda externa después de las operaciones de recompra que hace desde 2022. Solo este año Hacienda ha hecho tres transacciones de ese tipo en lo que llama un “manejo de pasivos” para “suavizar la curva de vencimientos de la deuda del país”.

Este 2024, la cartera de Estado ha emitido $2,000 millones en bonos para recomprar deuda y además ha obtenido un crédito de $1,000 millones con el mismo fin.

“Como resultado de las operaciones de recompra, las amortizaciones de bonos externos hasta 2029 son muy bajas y manejables”, señala la agencia de calificación de riesgo, Moody’s que el martes subió un escalón la nota del país, dejándola en B3.

Para 2025 Hacienda tendrá que hacer frente a un pago de deuda externa de $99 millones, de un bono de $800 millones recomprado en parte en 2022 y este año; “ya han reservado fondos suficientes para canjearlos al vencimiento”, asegura Moody’s.  

La calificadora explica que no vencen bonos en 2026, y la última recompra “redujo el capital pendiente de pago de los bonos de enero de 2027 a aproximadamente $150 millones, mientras que aproximadamente $300 millones vencerán en 2028 relacionados con el bono amortizable de 2030”.

Asimismo, explica que “las operaciones de gestión de pasivos demostraron ser eficaces para suavizar las amortizaciones de la deuda y alargar el perfil de vencimientos, mejorando la solvencia soberana”.
Los economistas han señalado que aunque el plazo se ha ampliado no implica ahorros para el país.

“La gestión de pasivos le ha incrementado el costo al gobierno, ese el problema, porque cada vez más una mayor proporción del presupuesto será para pagar intereses”, dijo el economista, Luis Membreño. Y además, agrega habrá que hacerle frente a la deuda previsional.

Presión de cara a 2027

“La deuda de pensiones es ahora al 7% (de interés), es un costo mayor que no se ve reflejado aún porque no lo han explicitado, sino que todo está escondido ahí mientras no llegue 2027 que reconozcan la deuda de los 4 años”, señala Membreño.

Después de la reforma de pensiones aprobada a finales de 2022, con la que se creó el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), el gobierno cambió las condiciones de la deuda previsional que implicó un canje en el que se sustituyeron $8,396.28 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos desde 2006 por Certificados de Financiamiento de la Transición (CFT). La reforma, además, facultó al Instituto a emitir nueva deuda, esta vez por medio de los Certificados de Obligación Previsional (COP) que poseen un plazo de 50 años y una tasa de interés anual fija del 7.0%, con un periodo de gracia de cuatro años que se vencen en 2027. 

Es hasta ese año que el gobierno tendrá que comenzar a pagar capital más intereses por esa deuda.  “Este canje le brindó un alivio fiscal al Gobierno, debido al ahorro de capital e intereses por cuatro años”, señaló un análisis anterior de Moody’s.
Se estima que el gobierno necesitará a partir de 2027, por lo menos $800 millones anuales para pagar capital e intereses de esa transición.