Después de 34 meses en prisión y 72 días de haber obtenido el arresto domiciliario, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, habla sobre el proceso penal en su contra y cómo según él  ha sido utilizado el sistema judicial para lo que define como “una venganza política”.

Ramírez Landaverde, quien fungió como ministro de Justicia durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, es acusado junto otros 18 imputados por el supuesto desvío de medio millón de dólares de fondos de tiendas penitenciarias.

Tras un proceso que le negó las medidas sustitutivas desde diciembre de 2023 y en el que los análisis periciales determinaron que no se encontraron depósitos a su favor; mañana, el Tribunal Quinto de Sentencia decidirá si el exfuncionario es culpable o no.

Usted ha mencionado antes que considera este proceso penal en su contra como una afectación o venganza de tipo penal o político, ¿por qué piensa que  ha sido sometido?

Considero que fue efectivamente con la finalidad de cobrar venganza por decisiones que en el marco de mi trabajo profesional tuve que adoptar durante el tiempo que fui funcionario. Como director general de la Policía y ministro de Justicia se llevaron a cabo proyectos y planes de combate a la criminalidad de los cuales hay personas y organizaciones que resultaron afectadas y que tenían, o siguen teniendo, poder o influencia en decisiones de las autoridades.

En algún momento, usted mencionó que el proceso en su contra pudo haber sido porque usted tenía información de la tregua del Gobierno con las pandillas, ¿considera que eso influyó?

Debido a eso yo decidí, entre septiembre y diciembre de 2021, dejar por escrito a manera de antecedente esa información. Lo hice en este periodo porque fue la primera vez que tuve conocimiento de que se decretó la detención en mi contra. 
Busqué la ayuda de varias instituciones, pero no encontré apoyo en ninguna y al final hice un escrito y lo presenté al procurador para la defensa de los derechos humanos, para ese entonces era Apolonio Tobar. Fue para dejar un antecedente de que informé de la situación en su debida oportunidad. Expuse una situación que por mi trabajo, no por un interés particular, había tenido conocimiento y que en el marco de ello, pudiera haber una petición de represalia o venganza.

¿Ese antecedente que dejó planteado pudiera servir si en algún momento llegara a correr peligro su vida?

Creo que es un hecho que en el país ya fue investigado. Al momento no sabemos nada de las investigaciones, según lo que aparenta, por la información que las autoridades emiten, es de que no se le va a dar seguimiento. Creo que este caso en particular es una situación que tarde o temprano se va a conocer, muchas veces esta verdad tarda más de lo que uno quisiera.

¿Qué piensa de que el propio presidente Bukele lo haya acusado mediante un tuit del robo de $14 millones, y después fue secundado con  la denuncia del exministro de Seguridad, Rogelio Rivas?

Al respecto, realmente no tengo un posicionamiento. Más bien lo considero un acto en el marco del inicio de su gestión gubernamental en la cual él buscaba, digamos, anular políticamente a instituciones y a personas. La forma cómo inició, que haya sido el mismo presidente, puede deberse incluso a que le hayan mal informado. El presidente tenía una popularidad muy alta, entonces ya se imaginan ustedes la cantidad de expresiones difamatorias en mi contra que se originaron de todo eso.

Usted asegura que no hubo desviación de fondos como lo ha planteado la Fiscalía, entonces, ¿cómo fue el procedimiento de flujo de los fondos de las tiendas?

ASOCAMBIO se constituyó con el propósito de darle legalidad a este manejo de dinero, dado que desde 2014 la Corte de Cuentas le señaló a la Dirección de Centros Penales y al Ministerio de Justicia que se estaba manejando dinero que era privado ocupando para ello recursos públicos y que eso no estaba regulado en la ley. Este flujo y este procedimiento para el manejo de ese dinero no cambió. Es decir, ASOCAMBIO no tomó control de esas cuentas, no tomó control de ese dinero, siguió manejado por empleados nombrados por Centros Penales. ASOCAMBIO cambió no únicamente en el tema de la legalidad, sino que también en el  de transparencia.

¿Tiene conocimiento de si el manejo de las tiendas sigue siendo de la misma forma o ha cambiado algo?

Realmente no he visto mayores cambios, pero quizás no es lo más correcto que yo lo diga, sería preferible que si hay otros hechos que se van a investigar ahí lo van a decir en este caso. Yo no logro advertir mayores cambios.

La Fiscalía prescindió de requerir a Osiris Luna, quien estaba ofertado como uno de los testigos inicialmente, ¿a qué se debió?

Asumo que para un funcionario de gobierno puede ser un poco difícil llegar a una vista pública donde queda como un testigo más. Es decir, ahí tiene que responder por obligación y además responder con la verdad. Para un funcionario puede ser difícil llegar a esa instancia sabiendo que todo lo que he dicho hasta ese momento es  una mentira.

En diciembre de 2021 usted se entregó a la justicia, ¿tiene confianza en que actualmente haya garantías del debido proceso?

Confío en la garantía del proceso judicial, pero confío primero en Dios, confío en la lucha que ha llevado mi familia que ha sido apoyada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales que han dado como resultado el que yo esté afuera, confío también en que hay personas en el Órgano Judicial que son correctas y éticas. La decisión de habernos presentado voluntariamente hizo que se conociera la verdad, de no haber sido así lo hubiéramos enfrentado a saber cuántos años más.