La denuncia es contra René Antonio Pérez Garay, director del penal de Izalco, por no permitir el derecho a la salud de un privado de libertad. También pidieron investigar al director general de centros penales, Osiris Luna.
Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el momiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana llegaron este jueves 28 de noviembre de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer dos nuevas denuncias contra el director del penal de Izalco, René Antonio Pérez Garay, y el director general de Centros Penales, Osiris Luna, por negar el derecho a la salud de personas capturadas en el marco del régimen de excepción.
Roxana Cardona, abogada y vocera de Justicia Social y Contraloría Ciudadana, explicó que la denuncia contra Pérez Garay es por el caso específico de Ricardo Ayala, un privado de libertad que está en el penal de Izalco y al que no se le ha permitido una revisión médica a pesar de que un tribunal ha girado dos oficios para que esta se realice.
"Hay un informe médico del mismo centro penal (de Izalco) de que él tiene lesiones en los gluteos, en sus partes genitales, que llega con la mirada perdida a la clínica del centro penal, que tiene gastritis y enfermedades propias de no aseo", explicó Cardona, quien pidió a la Fiscalía investigar a Pérez Garay por desobediencia de una orden judicial.
Cardona dijo que como este caso hay varios y que evidencian que hay torturas y malos tratos dentro de ese reclusorio.
"La Cámara de lo Penal de Sonsonate ya le dijo a él (Pérez Garay) que quizá él no ha cometido directamente la tortura o malos tratos, pero que él es responsable administrativo", añadió.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, dijo que la denuncia contra Osiris Luna es porque sigue permitiendo que se cometan delitos de lesa humanidad en las cárceles de El Salvador.
"A este momento, en 32 meses de régimen, se han confirmado ya la muerte de 340 privados de libertad, personas que no tenían una condena. Vengo a entregarle a la Fiscalía un listado detallado de las víctimas del penal de Izalco, que son 127 adultos, además de tres bebés que estado ahí se enfermaron y les negaron la atención médica, por lo cual murieron", expuso.
Ambas abogadas fueron acompañadas por madres de privados de libertad que aseguran que sus hijos son inocentes. Una de ellas es es la madre de William Antonio Díaz Villatoro, quien ha pedido que a su hijo lo revisen especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML) porque se ha enterado que está en graves condiciones de salud.
"¿Por qué no dejan ingresar a Medicina Legal para que les realicen los exámens o ver lo que él tiene? Nosotros pedimos una señal de vida, saber cómo se encuentra. No nos dan respuestas, pese a que ya vine una vez a Fiscalía y ni caso nos hicieron", declaró.
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