Régimen de excepción fue aprobado en El Salvador el 27 marzo de 2022 en el marco del combate a las pandillas. Implica la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Miles de detenciones arbitrarias y muerte de reos en penales son algunos de los señalamientos más frecuentes a la medida.