Familiares de privados de libertad piden la derogación del régimen de excepción y la libertad de las personas que no tienen vínculos con pandillas.
La marcha culminó frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el Centro Histórico de San Salvador, este 27 de marzo de 2025.
Familiares de privados de libertad que no tienen vínculos con pandillas realizaron una marcha desde la Plaza José Martí (conocida como redondel Don Rúa) hasta la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), en San Salvador, y pidieron el cese de la medida del régimen de excepción, así como la libertad de sus seres queridos.
Familiares de personas detenidas junto con el @MOVIRSV se concentran esta mañana en la Plaza José Martí en el marco del tercer año de la implementación del régimen de excepción. Piden a las autoridades liberar a las personas detenidas pic.twitter.com/JUQuySEOpF
— LPGJudicial (@LPGJudicial) March 27, 2025
En el marco del tercer año de la implementación del régimen de excepción (que está vigente desde el 27 de marzo de 2022), las familias aglutinadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) expusieron que las capturas de sus familiares han sido arbitrarias y que no se ha dado un debido proceso, así como las vulneraciones a los derechos humanos, según han recopilado organizaciones civiles.
Ana Gloria Velasco llegó desde Ciudad Real, en Santa Ana, para exponer el caso de su hijo, Emanuel Antonio Aldana Velasco, quien fue capturado el 30 de mayo de 2023. Asegura que no tiene información sobre cómo se encuentra y pide a las autoridades que pueda obtener su libertad.
Estaba trabajando en una empresa estadounidense, tenía 7 años de estar ahí, no tiene ningún vicio. Nos sorprendimos que llegaron a sacarlo, lo que nos dijo el policía es que no se parecía (con la persona que estaban buscando), pero el jefe de ellos les dijo 'de todos modos ya están ustedes ahí, llévenselo para hacer la cuota'. No se sabe si está vivo o muerto", declaró Ana Gloria.
Mientras que para Reina Hernández, originaria de Ilopango, la situación de su hijo, Julio César Reyes Hernández, capturado el 4 de mayo de 2022, ha sido un calvario para ella y su familia.
A mi hijo lo han ido a capturar a la casa y no es ningún delincuente. Ando dando la cara por él porque no debe nada, delante de quien sea. Son tres años donde no sabemos nada de mi hijo, para mí no está detenido sino que está secuestrado y exigimos que ya basta de tenerlos capturados por puro gusto", indicó.
En un informe presentado por organizaciones civiles este 26 de marzo, entre el 27 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2025 reportaron 6,889 víctimas y que 5,158 de ellas han denunciado una vulneración a sus derechos por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco del régimen de excepción.
Para Samuel Ramírez, coordinador del Movir, esta medida implementada por el Gobierno ya no tendría razón de ser "porque dicen que estamos en el país más seguro de América", pero reitera que dicha aplicación es para "perseguir y amedrentar".
Estamos en un país en una guerra no declarada, ningún Gobierno sensato que respete las leyes puede poner al pueblo sometido en un régimen. Esto demuestra que no hay respeto al estado de derecho. El régimen dejó de combatir pandillas, ahora es un instrumento para controlar al pueblo y para meterle miedo, perseguir y amedrentar", argumentó.
Después de la concentración en la Plaza José Martí, los familiares, que fueron acompañados por otras organizaciones como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y la Asociación por el Desarrollo Económico y Social (ADES) junto a su directora, Vidalina Morales, para dirigirse a la Binaes.
Antes, se detuvieron frente al edificio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) donde pidieron a la procuradora, Raquel Caballero de Guevara, que "haga valer su trabajo y misión para defender los derechos de miles de personas capturadas de forma arbitraria y la muerte de muchos en los centros penales".
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