El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó una postura en contra de la minería metálica en El Salvador "porque causa un daño grave e irrevocable a la vida y la salud de las personas".

En conferencia de prensa brindada en Catedral Metropolitana, Escobar Alas, leyó un comunicado en el que se expresa que "ante las últimas declaraciones vertidas por las autoridades del país sobre reactivar la minería metálica, que implica la derogación de la ley contra la minería, que el pueblo salvadoreño logró que se aprobara en marzo del año 2017, como iglesia pedimos considerar que la prohibición de actividad de explotación, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo del oro y otros minerales".

El pasado miércoles, en su cuenta de X, Nayib Bukele calificó de absurdo que El Salvador cuente con una ley que prohíbe la minería en el país. Esto luego de publicar que El Salvador  "tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo" 

Bukele publicó "somos el ÚNICO país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!".

El comunicado, leído y firmado por Alas, agrega que "nuestro pueblo ya vulnerable por la victimización a la que ha sido sometido sería ahora revictimizado y de la peor forma ya que la contaminación con cianuro, mercurio y otros tóxicos letales agudizaría los problemas de salud y muerte prematura de manera irreversible. Si ya por la contaminación del agua, causada principalmente por los pesticidas  buena parte de nuestro pueblo sufre la insuficiencia renal, sería mucho peor el sufrimiento por el grave daño a los demás órganos vitales".

Escobar Alas también se refirió acerca del caso de los ocho líderes ambientalistas de Santa Marta, sobre quienes, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque revirtió la decisión del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, de absolverles de la acusación de un homicidio durante el conflicto armado, en el año de 1989.

"En el caso de Santa Marta no tengo el dato exacto, pero lo que yo sé es que algunos defensores del medio ambiente estaban siendo perseguidos, ellos son los enjuiciado, ellos son a los que hay que meter presos y no a los asesinos que han matado en Cabañas. Cómo es posible. Yo dejo a las autoridades el caso. Pero que porque alguien es defensor del medio ambiente hay que crearle un juicio falso para meterlo preso, ¿en qué país estamos?"

Previamente, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta emitió un pronunciamiento el martes 26 de noviembre tras conocer la resolución de la Cámara y considera la decisión como "un hecho insólito".

"La resolución tomada el pasado 22 de noviembre por los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande es complaciente con los deseos de la Fiscalía y resulta funcional al objetivo de persecución contra los activistas ambientales, que denuncian la reactivación de la minería, usando como pretexto un supuesto crimen de la guerra sobre el cual no existen pruebas reales", sostiene la ADES Santa Marta en su comunicado.