El Gobierno de Estados Unidos también nombró en su lista de corrupción a Jose Miguel “Mecafe” Antonio Menendez Avelar, expresidente de CIFCO; Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana, Jolman Alexander Ayala, expresidente, exvicepresidente y ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario respectivamente.
El Departamento de Estado de EUA realizó una nueva publicación con las más recientes incorporaciones a la Lista Engel, el listado de exfuncionarios públicos de países del Triángulo Norte que han participado en actos de corrupción que socavan procesos o instituciones democráticas.
De acuerdo con el documento, en el caso de El Salvador aparecen un total de seis exfuncionarios públicos:
Según el Gobierno de Estados Unidos, Funes orquestó y participó en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras ocupaba el cargo de presidente de la república.
Por su parte, Sánchez Cerén es acusado por EUA de utilizar su mandato para lavar dinero, recibiendo a cambio más de $1.3 millones provenientes de las arcas del Estado. Además, el exmandatario habría participado en un plan para desviar $183 millones de las cuentas públicas hacia cuentas personales.
Asimismo, José Miguel “Mecafe”, ex presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) "incurrió en una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por $8.4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, a un empresario guatemalteco", afirmó el Gobierno del país norteamericano.
A cambio de esta irregular actividad, Mecafé recibió un avión Beechcraft King Air 90, como regalo.
De acuerdo con el nuevo listado, el expresidente del Banco Hipotecario, Carlos Alberto Ortiz, es acusado de lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos.
De igual forma, Carlos Enrique Cruz Arana, ex vicepresidente de la misma institución bancaria, habría lavado $94.5 millones a cambio de $64.500 en sobornos.
Finalmente, Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, participó en una importante corrupción al lavar $177 millones a cambio de $78,000 en sobornos, según el Departamento de Estado.
Al ser nombrados en dicha lista, los exfuncionarios reciben sanciones como la cancelación de visas que pemitan su ingreso al territorio estadounidense.
EXPRESIDENTE FUNES REACCIONA ANTE SANCIÓN
Tras la actualización emitida por el Gobierno estadounidense, el expresidente Funes reacción en redes sociales afirmando que "No me extraña que Estados Unidos me haya incluído en la más reciente actualización de la lista Engel siendo que la Embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje del caso Saqueo Público y ha consentido las arbitrariedades del proceso".
También asegura que exfuncionarios de la sede diplomática en El Salvador estuvieron presentes en interrogatorios que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) a varios testigos del caso Saqueo Público, "logrando que algunos se criteriaran con el fin de incriminarme", dijo.
De los seis incorporados en la nueva lista, tres están en la cárcel y cinco han recibido condenas.
El expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén tiene abiertos dos procesos judiciales. En el primero es procesado en el Juzgado Tercero de Instrucción por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por el caso Sobresueldos en el que son acusados otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes. Este proceso está a la espera que se instale la audiencia preliminar.
Por otra parte, Cerén también es procesado en el Juzgado Sexto de Instrucción por actos de corrupción junto a otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de su gobierno, acusados de participar en una red de corrupción que presuntamente se apropió de más de 183 millones de dólares de las arcas del Estado.
El expresidente del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz fue condenado en diciembre de 2022 a cinco años y ocho meses de prisión por su complicidad en los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Según la representación fiscal , Ortiz se valió de su cargo y colaboró en el desvío de un poco más de $97 millones a cambio de recibir 72,000 dólares en bonificaciones.
La condena fue decretada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, luego que Ortiz se sometió a un procedimiento abreviado tras aceptar su participación en el delito a cambio de reducir su condena.
Además, también fue condenado el ex oficial de cumplimiento de la institución bancaria, Jolman Alexander Ayala, al ser encontrado culpable de complicidad en el desvío de $177 millones, por cuyos servicios habría recibido 78,000 dólares, según la acusación realizada por la FGR.
Por este mismo caso, Carlos Enrique Cruz Arana, ex vicepresidente del Banco Hipotecario, fue condenado también en un procedimiento abreviado a tres años de cárcel en julio de 2022, por su complicidad en el delito de lavado de dinero y activos. Para acceder al proceso abreviado, Cruz confesó el delito de peculado y fue condenado también a devolver al Estado 64,500 dólares, monto que recibió como bonificaciones por permitir las transferencias. La suma que el exfuncionario ya restituyó al Estado, le fue entregado a cambio de permitir el cobro de unos mil cheques, afirmó la Fiscalía.
Por último, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó el 16 de agosto de 2022 a ocho años de prisión al empresario José Miguel Menéndez Avelar, más conocido como "Mecafé", por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba al empresario por haber blanqueado dinero a través de un delito de corrupción. La acusación fiscal señalaba que "Mecafé" recibió como dádiva un avión que le regaló el empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción S.A. (Serdelco S.A.).
La Fiscalía le imputó Menéndez y al expresidente Mauricio Funes haber beneficiado, con la entrega de un contrato del proyecto de construcción del "Puente San Isidro", ubicado entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango, por un monto de $8,487,716.94 a la sociedad guatemalteca Serdelco S.A. Dicho proceso lo había iniciado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en marzo de 2013.
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