Familiares agrupados en el MOVIR y con el respaldo de Unidehc presentaron un aviso penal ante la Fiscalía para que investigue a la junta directiva de la Asamblea Legislativa por dos delitos cometidos al no recibirles una correspondencia.
Familiares de capturados de manera arbitraria durante el régimen de excepción llegaron este 11 de noviembre de 2024 a la Fiscalía para pedir que se investigue a los miembros de junta directiva de la Asamblea Legislativa.
Familiares de capturados de manera arbitraria durante el régimen de excepción llegaron este 11 de noviembre de 2024 a la Fiscalía para pedir que se investigue a los miembros de junta directiva de la Asamblea Legislativa.
Familiares de capturados arbitrariamente durante el régimen de excepción llegaron este lunes 11 de noviembre de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar un aviso penal y pedir al ministerio público que investigue a la junta directiva de la Asamblea Legislativa por el posible cometimiento de los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Los familiares, la mayoría de ellas madres de detenidos, fueron apoyados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y por la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y consideran que los delitos denunciados fueron cometidos porque la Asamblea Legislativa se negó a recibirles una correspondencia el pasado 5 de noviembre en la cual pedían derogar el artículo 14-A de la Ley Penitenciaria que restringue las visitas a privados de libertad.
"La semana pasada, como parte de la libertad de expresión que hay en este país, las víctimas del régimen de excepción llegaron a la Asamblea para presentar un escrito en el que se solicitaba derogar las restricciones que vulneran los derechos humanos de las personas detenidas (...) Las familias están haciendo una solicitud simple al funcionario, en este caso la Asamblea Legislativa, para ejercer su derecho de poder ver a sus parientes detenidos", expuso Rudy Joya, abogado de la Unidehc.
Rudy Joya, abogado de @Unidehc, explica el aviso penal que interponen en apoyo al @MOVIRSV por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios: pic.twitter.com/EgoFbISAr3
— LPGJudicial (@LPGJudicial) November 11, 2024
En el aviso penal se pone la denuncia por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes contra Ernesto Castro, presidente de la junta directiva; Suecy Callejas, vicepresidenta; Alexia Rivas, vicepresidenta; Elisa Marcela Rosales, primera secretaria; y Reynaldo Cardoza y Reynaldo Carballo, como secretarios.
"Ellos son los que dijeron a los empleados de la Asamblea que no aceptaran la correspondencia que llevábamos, son los principales responsables. Cada uno de ellos son los encargados de dar las directrices administrativas y operativas en la Asamblea y hay un claro incumplimiento de deberes al no cumplir con el madato constitucional de que todo funcionario público debe recibir las peticiones de los ciudadanos y darles respuestas. No hacerlo constituyen hechos delictivos que el fiscal general de la República debe investigar", explicó Joya.
LA PRENSA GRÁFICA buscó la version de los diputados de la junta directiva a través del encargado de comunicaciones de la fracción de Nuevas Ideas y de la jefa de comunicaciones de la Asamblea Legislativa, pero no hubo respuestas al cierre de esta nota.
Ana Mercedes García e Irma Elizabeth Sánchez son dos de las madres que llegaron a la Fiscalía para presentar el aviso penal y ser escuchadas.
La primera no ve a su hijo, Ricardo Ernesto Martínez García, desde el 10 de mayo de 2022, cuando fue capturado en su casa en el distrito de Cuyultitán, departamento de La Paz.
"Ya va para tres años y no sé si está vivo o muerto. Pido información y me la niegan, le llevo los paquetes pero no sé si los entregan. Me uní al MOVIR porque son los únicos que nos ayudan. A mi hijo se lo llevaron con mentiras, le dijeron que solo debía ir a la delegación para revisarle el DUI, pero luego lo capturaron", contó Ana Mercedes.
Ella sostiene que su hijo estuvo primero en el penal de Izalco y luego lo trasladaron a Mariona, pero no sabe en realidad si eso es cierto.
En el caso de Irma Elizabeth, ella pide la libertad de sus dos hijos, José y Samuel, que fueron capturados en junio de 2022 en San Martín, San Salvador.
"A ellos se los llevaron supuestamente por denuncias anónimas ciudadanas, pero no dieron mayores detalles. Hemos demostrado que no tenían antecedentes y que eran trabajadores honestos, pero no toman en cuenta todo eso", expuso.
Dijo que Samuel está ahora en el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, mientras que José está en el penal de Izalco. La lejanía entre ambas cárceles y sus escasos recursos económicos dificultan que ella les lleve paquetes. Pide que les den pruebas de que siguen con vida.
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