Este lunes 25 de noviembre, madres y otros familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción realizaron un plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para pedirles a los procuradores que ven sus casos que les den autorización de pedir antecedentes penales y así les puedan recibir los arraigos para demostrar la inocencia de estas personas.

Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), dijo que las mamás que llegaron desde varios lugares del país están exigiendo a la Procuraduría que les otorgue una autorización para que ellas puedan retirar los antecedentes penales en la Dirección General de Centros Penales (DGCP),  ya que si llegan por cuenta propia no se los entregan.

"Dentro de los arraigos que una persona debe tener para demostrar que es inocentes deben ir los antecedentes penales limpios. Movir está en una campaña para recolectar los antecedentes, constancias laborales y se los vamos a entregar a Casa Presidencial (Capres) ", indicó Ramírez. 

Las madres manifestaron que estarán afuera de las instalaciones hasta que sean atendidas y les respondan por las exigencias.

El 27 de noviembre es el último día de campaña que está realizando Movir para que las familias entreguen los arraigos de las privadas y privados de libertad; por ello, las madres están interesadas en obtener los antecedentes penales de sus hijos. Dijeron que muchos antecedentes "están limpios" y por eso no quiere movilizarse en la PGR. 

Eva Hernández, una de las madres que llegó al plantón proveniente de Ilobasco, Cabañas, dijo que dos hijos fueron capturados desde hace más de dos años. El mayor que tiene 45 años está en el Centro Penitenciario de Izalco y el menor de 40 años está en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). No sabe de ellos y quiere pedir los antecedentes penales para demostrar que son inocentes, pero que en la PGR no le ayudan, aseveró. 

"Dos hijos tengo, uno que está en Izalco y el otro en el Cecot y solo una audiencia les han hecho. Del que está en el Cecot me dijeron que por el momento no tenía abogado, como se los han quitado aquí por los despidos, no le han asignado otro", denunció Hernández. 

La primera vez que llegaron a denunciar esta falta de autorizaciones, la Procuraduría sí recibió a las familias, les tomaron nota de los nombres de los reos y reas, pero después les dijeron que  el "tema de antecedentes penales", no los podían entregar por "órdenes de arriba", detalló Ramírez.