La Fiscalía General de la República (FGR) apeló el falló que dictó el "sobreseimiento definitivo" de la causa penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas, quienes fueron acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), según informó este miércoles la ONG a la que pertenecen.

"La FGR sigue empeñada en impedir que prevalezca la legalidad y la justicia para los líderes comunitarios de Santa Marta" y "por eso ha presentado un recurso de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque (localidad centro)", señaló la ONG Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES).

De acuerdo con esta organización, la Fiscalía "busca revertir la resolución apegada a derecho y congruente con los principios del debido proceso".

 "La apelación se caracteriza por la falta de argumentación legal válida y por la forma irrespetuosa en que los personeros de la Fiscalía se refieren a las honorables juezas de sentencia", señaló, y llamó a los magistrados que conocerán el recurso a que "ratifiquen la decisión del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque".

El pasado 18 de octubre, el referido tribunal de sentencia dictó "un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)", explicó a periodistas la abogada defensora Carolina Herrador, tras la lectura del fallo en la localidad de Sensuntepeque, a más de 84 kilómetros de San Salvador.

Las personas que fueron implicadas en el caso pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.

Otras dos personas fueron juzgadas en ausencia y declaradas en rebeldía, cuyo fallo ha quedado pendiente.

Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.

Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.