La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la tarde de este martes 15 de diciembre un requerimiento fiscal ante el Juzgado quinto de Paz de San Salvador en contra del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Antonio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes, en perjuicio de la Administración Pública.

La FGR acusa al comisionado Arriaza Chicas de incumplir una orden emitida por la comisión especial que ve el manejo de fondos para la emergencia por Covid-19 de llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por apremio a la Asamblea. 

La Fiscalía recibió el aviso de parte de la comisión, pero antes que pudiera iniciar algún proceso, el gobierno nombró al director de la policía como viceministro de Seguridad para otorgarle fuero.   

Posteriormente, la FGR pidió el desafuero del comisionado, el cual caminó con prontitud hasta el pasado 8 de diciembre, cuando se realizó la sesión especial en el parlamento salvadoreño. Durante esa plenaria especial de desafuero, se conoció por parte de la defensa, que Arriaza Chicas había renunciado como funcionario al cargo que le otorgaba el fuero.

La renuncia fue publicada el mismo día de su renuncia en el Diario Oficial correspondiente al siete de diciembre. Al renunciar, Arriaza ya no tiene fuero que necesite de la Asamblea para ser retirado.

Por otra parte, este martes 15 de diciembre, se conoció también que la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los hechos relacionados al ingreso de militares y policías al Salón Azul, el pasado 9 de febrero, recomendó al Ejecutivo la destitución del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, así como también al ministro de Defensa, René Merino Monroy.

La conclusión de los parlamentarios es que existió una participación protagónica de Arriaza Chicas en la militarización del pleno legislativo ya que, fue desde su llegada, "que este Órgano de Estado, perdió el control y seguridad institucional".