Miguel Menéndez Avelar, conocido como "Mecafé", y su grupo familiar enfrentaron este martes 23 de noviembre la audiencia probatoria en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador por supuesto enriquecimiento ilícito.

La representación fiscal ha solicitado, en sus alegatos finales y conclusiones, que el ex funcionario y su familia reintegre al Estado más de tres millones de dólares.

Según el expediente judicial,  cuando Menéndez estuvo al frente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) entre el 17 de julio de 2009 y el 31 de julio de 2011, realizó 16 movimientos financieros sospechosos. El empresario depositó dinero en cuentas bancarias, compró cuatro vehículos y pagó tarjetas de crédito sin que existiera justificación del origen de los fondos que usó.

En total, la Fiscalía ha señalado que los cuatro integrantes de la familia Menéndez realizaron 29 movimientos financieros sospechosos por $2,366,950.18. Según la Fiscalía, los cuatro demandados no pudieron justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el origen legal de los fondos.

Menéndez es acusado junto a su esposa Fátima Yanira de Menéndez y sus hijas Fátima Menéndez y Andrea Vanessa Menéndez por el delito de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el monto demandado por Fiscalía aumentó, luego de presentar una pericia financiera contable en la que señalan los incrementos no justificados en la familia Menéndez. "Con la pericia que se hizo se sumó la cantidad que deben devolver que son $3,035,337.41, pero serán las valoraciones de los magistrados que determinarán si esta cantidad se condena o la cantidad original", aseguró el auxiliar fiscal del caso.

Por su parte, los abogados defensores de Menéndez aseguraron que la prueba presentada por Fiscalía es insuficiente para demostrar que hubo un enriquecimiento ilícito. "Esperamos un fallo favorable porque no se pudo comprobar la presunción en contra de nuestros representados, estamos positivos", dijo  Roberto Calderón, abogado defensor.

Miguel Menéndez permanece en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, mientras espera la audiencia preliminar en el caso que la Fiscalía lo investiga por participar en una red que desfalcó $351 millones en el gobierno de Mauricio Funes y por corrupción en la presa El Chaparral.