Habitantes de la comunidad Santa Marta no descartan que el despliegue militar sea para detener la lucha social contra la minería.
Habitantes de la comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria, Cabañas, denunciaron que la zona fue militarizada con al menos 100 efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Según los habitantes de la comunidad, alrededor de las 4:00 pm de la tarde del sábado llegaron al lugar entre 70 y 100 militares sin brindar explicaciones sobre el objetivo del despliegue de soldados de la zona.
Un habitante, quien prefirió el anonimato por temor a represalias del Gobierno, explicó a LA PRENSA GRÁFICA que entre los residentes de la comunidad hay temor de que ocurran capturas arbitrarias y abusos de poder.
“Ellos querían instalarse en el centro de la comunidad, estaban buscando una casa comunal que tenemos para quedarse ahí y no se les dio porque tenemos temor. No sabemos cuál es el objetivo de ellos (...) con la presencia de estos señores no se descarta que nos quieran intimidar”, dijo el habitante de Santa Marta.
El 11 de enero pasado, cinco habitantes de la comunidad Santa Marta fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) con órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR), por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado.
De acuerdo con los habitantes de la comunidad, los arrestos sucedieron cuando agentes policiales llegaron a las viviendas de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, líderes históricos de la comunidad Santa Marta.
Simultáneamente, la PNC realizó un allanamiento en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, situada en el municipio de Guacotecti, donde también capturaron a Teodoro Antonio Pacheco y a Saúl Agustín Rivas Ortega.
Mientras que el 17 de mayo, también fue detenido Manuel Gámez Morales, hijo de una defensora del medio ambiente. Gámez Morales no tiene antecedentes penales ni cargos imputados, por lo que denunciaron su captura como una represalia por la defensa al medio ambiente.
En El Salvador, ambientalistas han advertido de posibles retrocesos en la prohibición de la minería metálica debido a que el Gobierno creó la Dirección de Hidrocarburos y Minas. Santa Marta está entre las zonas del país donde existen asentamientos mineros.
El Gobierno incluyó en el presupuesto de este 2023 más de $4.5 millones para "revisar y actualizar" la ley que prohíbe la minería metálica, aprobada el 29 de marzo de 2017 por los diputados de la Asamblea Legislativa 2015-2018.
En mayo de 2022, El Salvador se unió al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), institución con sede en Canadá que, según su sitio en internet, apoya a países "comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible".
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