El juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, analiza el riesgo de que los venezolanos deportados de Estados Unidos, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, sufran torturas y malos tratos, según consigna una opinión de la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos.

La corte reseña que los cinco venezolanos que interpusieron una demanda para evitar ser deportados de Estados Unidos bajo la  Ley de Enemigos Extranjeros, que permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal, alegan que nunca tuvieron la oportunidad de solicitar la protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).

La administración Trump trasladó a 238 migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII que no se había invocado desde la Segunda Guerra Mundial. Los vuelos ya estaban en el aire el 15 de marzo cuando Boasberg acordó prohibir temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos con los deportados. Eso no sucedió.

Según el juez, los demandantes afirman que “cuando el Gobierno los subió a los aviones la mañana del 15 de marzo, no solo se les impidió solicitar la protección bajo la CAT, sino que tampoco se les informó adónde los llevaban”.

Uno de los demandantes contó que “en el avión, [...] los detenidos preguntaron a los agentes adónde los llevaban. Los agentes solo respondieron que no sabían y luego se rieron”. 

“La evidencia en este punto muestra una probabilidad de tortura si los demandantes fueran deportados a El Salvador y encarcelados allí. En la medida en que los demandados intenten trasladar a los demandantes a ese destino, la CAT podría constituir un obstáculo independiente”, resumen la corte federal sobre el riesgo de tortura de los venezolanos.

El juez agrega que “en las cárceles salvadoreñas, se informa que los deportados tienen ‘alta probabilidad de enfrentar daños inmediatos e intencionales que pongan en peligro su vida a manos de agentes estatales’”. Agrega que “el gobierno del país se ha jactado de que los reclusos de CECOT ‘nunca saldrán’; de hecho, una declarante experta alega no tener conocimiento de ningún recluso de CECOT haya sido liberado”. 

La corte federal también consigna que los demandantes declaran que a los reclusos en El Salvador “rara vez se les permite salir de sus celdas, no tienen acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, duermen de pie debido al hacinamiento y se les mantiene en celdas donde no ven la luz del sol durante días”. 

En el caso CECOT, un declarante le contó al juez que “si la prisión alcanzara su capacidad total, cada recluso tendría menos de 60 cm de espacio en celdas compartidas, lo cual es menos de la mitad del espacio requerido para el transporte de ganado de tamaño mediano según la legislación de Estados Unidos”.

“Además de las precarias condiciones de vida, los reclusos salvadoreños, según las pruebas presentadas, a menudo son disciplinados mediante palizas y humillaciones. Un recluso afirmó que la policía golpeaba con porras a los recién llegados a la prisión… Cuando negó ser pandillero, lo enviaron a una celda oscura en un sótano con 320 detenidos, donde los guardias de la prisión y otros detenidos lo golpeaban a diario. En una ocasión, un guardia lo golpeó tan severamente que le rompió una Costilla”, argumenta el juez como parte de su valoración a posibles torturas en el CECOT.

El escrito de la corte federal también consigna que un recluso informó haber sido obligado a “arrodillarse en el suelo desnudo, mirando hacia abajo, durante cuatro horas frente a la puerta de la prisión”. Ese mismo prisionero también dijo que “lo obligaron a sentarse en un barril de agua helada mientras los guardias lo interrogaban y luego le sumergieron la cabeza a la fuerza para que no pudiera respirar”.

Trump arremete contra juez

El presidente Donald Trump cuestionó ayer la imparcialidad del juez Boasberg que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, criticándolo solo horas antes de que su administración solicite a un tribunal de apelaciones que levante la orden del juez. 

Justo después de la medianoche, Trump publicó un mensaje en las redes sociales pidiendo que se inhabilitara al juez principal James Boasberg. El presidente estadounidense compartió un artículo sobre la asistencia del juez a una conferencia legal que supuestamente contó con “oradores anti-Trump”. 

Mientras tanto, el lunes el juez se negó a anular su orden original antes de una audiencia de apelación para el caso. Boasberg dictaminó que los inmigrantes enfrentando la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de la banda Tren de Aragua.

Declaró que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar”. “El público también tiene un interés significativo en el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno”, escribió el juez. Boasberg no decidió de inmediato qué forma debería tomar un desafío.

La administración Trump apeló la orden del juez de suspender el traslado de venezolanos. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia debe escuchar los argumentos de los abogados para tomar una decisión.