La orden también estipula que los votos deben ser “emitidos y recibidos” antes del día de las elecciones y establece que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense, incluyendo exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales y que todas las boletas sean recibidas a más tardar el día de las elecciones.
La orden afirma que Estados Unidos ha fallado “en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias” y llama a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir delitos electorales. Amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.
La medida, que probablemente enfrentará impugnaciones de organizaciones de derechos electorales, es congruente con la larga historia de Trump de criticar los procesos electorales.
A menudo afirma que las elecciones están siendo manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ha librado batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden y lo atribuyó falsamente a un fraude generalizado.
Trump se ha centrado particularmente en la votación por correo, argumentando sin evidencia que no es segura e invita al fraude, incluso cuando ha cambiado su posición sobre el tema dada la popularidad del voto por correo entre los votantes, incluidos los republicanos. Aunque el fraude ocurre, es raro, limitado en alcance y se procesa judicialmente.
El requisito de prueba documental de ciudadanía de la orden señala que el presidente no está esperando a que los republicanos del Congreso aprueben su tan anticipada Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que ha buscado hacer lo mismo.
Los republicanos han defendido esa medida señalando que es necesaria para restaurar la confianza del público en las elecciones. El voto por parte no ciudadanos ya es ilegal y puede resultar en cargos por delitos graves y la deportación.
Los grupos que defienden los derechos de voto han expresado su preocupación de que el requisito podría despojar de su derecho a votar a algunas personas. Se estima que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, o 21,3 millones de personas, no cuentan con una prueba de ciudadanía disponible, según un informe de 2023 del Brennan Center for Justice y otros grupos.
También hay preocupaciones de que las mujeres casadas que han cambiado sus apellidos tendrán problemas al intentar registrarse porque sus actas de nacimiento listan sus apellidos de soltera. Tales inconvenientes ocurrieron en recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, que tiene una nueva ley estatal que exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
La orden también estipula que los votos deben ser “emitidos y recibidos” antes del día de las elecciones y establece que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal. Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones siempre que estén selladas con un matasellos en o antes de esa fecha, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
La orden ejecutiva de Trump probablemente enfrentará impugnaciones, dado que la Constitución otorga la autoridad sobre las elecciones a los estados. Si bien el Congreso tiene el poder de regular la votación —y lo ha hecho para aprobar leyes como la Ley de Derechos de Voto—, la Constitución deja claro que los estados tienen la autoridad principal para establecer los “tiempos, lugares y modos” de las elecciones.
La secretaria de gobierno demócrata de Colorado, Jena Griswold, señaló que la orden era “ilegal” y una utilización del gobierno federal como arma, y dijo que Trump está “tratando de dificultar que los votantes se defiendan en las urnas”.
El Poder Ejecutivo tiene cierta autoridad sobre las elecciones, comentó Justin Levitt, experto en derecho constitucional y exasesor principal de políticas de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Dijo que algunas agencias federales brindan apoyo electoral, incluida la Comisión de Asistencia Electoral, que distribuye fondos federales a los estados y dirige un programa de certificación voluntaria para sistemas de votación. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura ayuda a los funcionarios electorales a proteger sus sistemas.
El expresidente Biden emitió una orden ejecutiva en 2021 en la que instruyó a las agencias federales a tomar medidas para aumentar el registro de votantes, lo que generó quejas por parte de los republicanos debido a que lo consideraron una intromisión federal. Desde entonces, Trump ha revocado esa orden.
Varios legisladores republicanos y funcionarios electorales celebraron la medida de Trump, incluido Brad Raffensperger, el secretario de gobierno de Georgia. El sistema de conteo de votos basado en códigos de barras del estado no cumple con los estándares que Trump exigió en la orden y necesitaría cambiar para no poner en peligro la financiación federal de la entidad.
“Gracias, presidente Trump, por esta orden ejecutiva que asegura que sólo los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses”, dijo Raffensperger. “Este es un gran primer paso para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional”.
El representante Bryan Steil de Wisconsin, presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, señaló que la orden es una “acción bienvenida para asegurar nuestras elecciones y prevenir la influencia extranjera”.
Trump hizo referencia al fraude electoral al firmar la orden el martes, diciendo: “Esto le pondrá fin, con suerte”. Agregó que se tomarían más acciones electorales en las próximas semanas.
Mensaje de response para boletines
Comentarios