El juez federal de distrito James Boasberg exigió respuestas después de que vuelos que transportaban a inmigrantes venezolanos aterrizaran en El Salvador, tras bloquear las deportaciones bajo una ley centenaria.
El juez estadounidense James Boasberg, a cargo del caso de los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador, catalogó como “insuficientes” las explicaciones que le ha entregado el Gobierno de Donald Trump.
El juez Boasberg otorgó otras 24 horas más a la administración Trump para que entregara a la Corte Superior del Distrito de Columbia detalles sobre los vuelos en los que el sábado deportó a El Salvador cerca de 200 venezolanos, ahora encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Los vuelos aterrizaron en el país pese a la orden del propio Boasberg para que lo aviones regresaran a Estados Unidos con los migrantes.
En un escrito publicado ayer por el Tribunal, el juez dijo que el Gobierno “nuevamente eludió sus obligaciones” entregando “poco después de la hora límite” un documento de seis párrafos con “la misma información general sobre los vuelos”. “Esto es lamentablemente insuficiente”, afirmó Boasberg en el documento.
El juez también le ordenó al Gobierno de Trump que explique para el próximo martes por qué considera que sus funcionarios no desobedecieron una orden judicial y permitieron que los vuelos llegaran a El Salvador.
El juez señaló que el gobierno “nuevamente evadió sus obligaciones” al simplemente repetir “la misma información general sobre los vuelos”. Y le ordenó al gobierno que “justifique” por qué no violó su orden judicial de pedir que los aviones se regresaran, lo que incrementa la posibilidad de que él pudiera considerar declarar que los funcionarios del gobierno actuaron en desacato al tribunal.
Trump invocó el viernes 14 de marzo, una la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 utilizada en tiempos de guerra para deportar a cientos de venezolanos a los que señala de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas.
Boasberg bloqueó la aplicación de la ley en mención, en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos. Algo que finalmente no ocurrió.
El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de cobrar $2,000 por cada venezolano que, aseguró, permanece "secuestrado" en el país centroamericano, a donde EUA envió el fin de semana a más de 200 migrantes sin una vista judicial previa y bajo acusaciones de pertenecer supuestamente a la banda transnacional Tren de Aragua.
“Cobra $2,000 por cada venezolano secuestrado, Bukele es un secuestrador, (...) tiene secuestrados a venezolanos y por ellos cobra recompensa y el mundo no dice nada”, dijo el ministro en su programa semanal transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Según CBS, funcionarios estadounidenses dijeron que 137 de los venezolanos fueron expulsados invocando la ley de Enemigos Extranjeros, la cual data del siglo XVIII; mientras que los otros 101 fueron deportados bajo los procedimientos migratorios regulares.
Familiares y abogados de los venezolanos aseguran haberse enterado de que sus seres queridos o clientes habían sido deportados por medio de videos y fotos publicadas por las autoridades salvadoreñas, pues el Gobierno estadounidense no ha divulgado públicamente la identidad de los migrantes.
La cadena reveló el listado de todos los venezolanos que llegaron en esos vuelos a El Salvador, con esos nombres, podrían aparecen más parientes pidiendo información de los deportados.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) informó ayer que están documentando los casos de los venezolanos migrantes deportados en El Salvador por Estados Unidos, para apoyar a las familias con abogados litigantes que están conociendo del caso.
Estamos documentado deportaciones de EEUU a El Salvador: https://t.co/HwvJwt5NPM
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) March 20, 2025
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, dijo que ya comenzaron a recibir testimonios de familiares de los venezolanos que están en el CECOT, y que no forman parte del Tren de Aragua.
“Estamos recibiendo testimonios de sus familiares y los documentamos uno por uno, con la información que ellos tienen, documentos judiciales, evidencias de que no cuentan con antecedentes penales”, aseguró.
Dijeron que la información obtenida que será un expediente por cada persona, la proporcionarán a abogados que están litigando en Estados Unidos, el caso de los vuelos de deportación. Al recabar todos los casos publicarán un informe.
“En estos casos los familiares han argumentado que no son miembros del Tren de Aragua. Nos contaron que los han deportado por sus tatuajes, pero es información que tenemos que corroborar”, aseveró el defensor de derechos humanos.
Un día después que los venezolanos llegaran a El Salvador, familias de estos denunciaron en medios de comunicación que los llevaran a Venezuela y que no eran delincuentes, sino migrantes.
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