La jueza del Juzgado Ambiental de Santa Ana realizó este lunes 11 de noviembre  una inspección en la finca Santa Adelaida, en  Izalco, Sonsonate Este, tras denuncias de pobladores por la  tala ilegal de árboles en el lugar, que es una área natural protegida.

En la inspección también participaron habitantes de los cantones Cuyagualo, Cúntan, Chorro Arriba y Chorro Abajo, entre otras comunidades de Izalco. Además, de personal de la unidad ambiental de la alcaldía de Sonsonate Este, del Ministerio de Agricultura,  de la unidad ambiental de la Corte Suprema de Justicia, y del  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; aunque según los pobladores, la representación del MARN se retiró antes de iniciar el recorrido.

“En la inspección judicial se lograron visualizar los daños ambientales que se está causando por la deforestación. Se han talado cedros, bálsamos, árboles que están protegidos, lo que es una tala ilegal. Ha sido una inspección fructífera”, expresaron representantes del movimiento Rebelión Verde El Salvador (REVERDES).

Los habitantes y el movimiento REVERDES aseguraron que la deforestación en la finca se debería a la posible construcción de una planta fotovoltaica para la minería de Bitcoin por una empresa privada, y desde ya expresaron su rechazo. En la finca, la empresa  ha  colocado rótulos donde menciona que de tener dudas, quejas o consultas, los pobladores  pueden comunicarse con su equipo de gestión social.

“Tuvimos la impresión que las instituciones de Gobierno hacen como que no ha pasado nada, en cambio la jueza Ambiental mostró interés y la CSJ documentó el recorrido”, dijeron los lugareños.

Agregaron, que esperan que la jueza  emita medidas cautelares en contra de las personas a cargo de estas actividades y proyectos que amenazan la biodiversidad de la zona.