Paolo Alexander Romero, portero del equipo Atlas de Santiago Nonualco en la tercera división profesional, y su hermano Gerardo Antonio Romero, ambos trabajadores de un punto de taxis en la Terminal del Sur de San Marcos (San Salvador Sur), enfrentan una lucha desesperada por recuperar su libertad. A pesar de haber sido declarados inocentes por un juzgado, permanecen detenidos en el Centro Penal de Izalco, según denuncias de sus familiares.

Los hermanos fueron arrestados el pasado 29 de octubre bajo acusaciones de pertenecer a estructuras criminales. Sin embargo, durante la audiencia de imposición de medidas, el Juzgado Quinto contra el Crimen Organizado emitió un sobreseimiento provisional debido a la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía. Según un familiar, los documentos y constancias laborales de ambos, incluyendo el contrato deportivo de Paolo, desmontaron las acusaciones en su contra.

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A pesar de ello, y de contar con una carta de libertad emitida esta semana, sus familiares aseguran que las autoridades penitenciarias se niegan a liberar a los hermanos. “Aunque el juez ordenó su salida, en el penal no los dejan salir. Hemos preguntado y no nos dan respuestas claras. El caso quedó abierto por un año por si acaso la fiscalía encuentra algo", expresó un familiar de los detenidos.

Paolo Alexander Romero, de 22 años, no solo trabaja en el punto de taxis, sino que también es un reconocido portero. Ha jugado con el Atlas de Santiago Nonualco y ha participado en entrenamientos con equipos de la primera división como Alianza y Santa Tecla. Además, ha sido destacado en torneos organizados por la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado (ADFA).

“Es un joven dedicado al deporte. Presentamos su contrato y constancias de participación en torneos, pero aun así fue detenido. Es indignante que un deportista con futuro sea víctima de este sistema”, comentó un familiar.

Los familiares también señalaron inconsistencias en las fichas policiales, las cuales, según ellos, fueron creadas después de las capturas. “Esto pone en duda la legalidad de las detenciones y refuerza la percepción de que el caso se basa en denuncias anónimas sin sustento. La información fue proporcionada por un informante, no por una investigación policial. Esto es peligroso porque puede prestarse a acusaciones infundadas”, dijo un allegado a los Romero.

En el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador, miles de personas han sido detenidas bajo sospechas de vínculos con pandillas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares han denunciado múltiples casos de capturas arbitrarias.

“Lo más preocupante es que estas detenciones arbitrarias no solo destruyen vidas, sino que generan un clima de miedo e incertidumbre en la población”, expresó un activista.

A pesar de las dificultades, la familia de Paolo y Gerardo no pierde la esperanza de lograr su liberación.