21 estudiantes, 13 de ellos menores de edad, fueron capturados por la Policía tras hallarlos un hotel de Chalatenango. Los interrogó, los fotografió y los entregó a fiscalía que los presentó ante tribunales, pero no hubo delito.
El cielo nublado anticipaba desde temprano un día lluvioso. La mañana de aquel miércoles 2 de octubre de 2024 apenas avanzaba cuando en la delegación sur de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango sonó el teléfono. Minutos después, un grupo de agentes partió rumbo a The Majestic, un hotel ubicado en las afueras del municipio, sobre el kilómetro 78.7 de la carretera Longitudinal del Norte. Llegaron y ordenaron cerrar el lugar mientras se apresuraron a una habitación donde estaban reunidos 21 estudiantes de bachillerato.
Este periódico reconstruyó lo que ocurrió ese día con testimonios de estudiantes afectados, compañeros del instituto, personal del hotel y los juzgados que procesaron a los estudiantes.
Había transcurrido media hora desde que los alumnos llegaron al hotel, tras la suspensión de clases por la lluvia, cuando fueron sorprendidos por un amplio operativo de la Policía que involucró a diferentes instituciones. Personal del hotel confirma que todos estaban reunidos en una sola habitación y hacían ruido, pero aseguran que ellos no notificaron a las autoridades. La llamada la hizo una persona desde fuera de las instalaciones.
A medida que avanzaban las horas, mientras ellos estaban retenidos, nadie sabía dónde se encontraban. Algunos de sus compañeros comentan, incluso, que en el municipio los hacían desaparecidos; pero en redes sociales comenzó a circular una fotografía, que se volvió viral: una fila de estudiantes frente a una de las habitaciones del hotel luciendo el uniforme blanco y caqui.
“Nos preguntaban si estábamos con ellos. Además, nadie contestaba los celulares, estaban prácticamente desaparecidos. De ellos no se supo nada en aproximadamente cinco horas, hasta que publicaron la foto y todos comenzaron a divulgarla”, cuenta una de las compañeras de los estudiantes.
Eduardo (nombre ficticio), uno de esos estudiantes del INFRAMS, ubicado en el centro de Chalatenango, un municipio enclavado entre montañas a 83 kilómetros de la capital salvadoreña, había llegado al lugar esa mañana de octubre acompañado de algunos amigos, compañeros y compañeras del mismo instituto. Cuenta que cuando los policías irrumpieron en la habitación se sintió expuesto y no entendía lo que sucedía. “Estaba paralizado”, dice todavía con la voz quebrantada.
Recuerda que primero vio a cuatro agentes, pero de pronto pasaron a ser unos 25 policías acompañados de militares y personal de la Fiscalía, de Derechos Humanos y de Medicina Legal. Llegaron con perros y estuvieron indagando durante el día y parte de la noche, les hicieron preguntas y les quitaron la ropa para buscar algún indicio de agresión sexual.
Después de las revisiones, los policías les dijeron que formaran una fila para tomarles una fotografía. Les pidieron que se volvieran a sentar y, por último, los subieron a las patrullas.
Hasta ese momento, la Policía no les había notificado que iba a capturarlos. “En ningún momento nos dijeron por qué estábamos detenidos”, recalca otro de los compañeros de Eduardo, quien también se muestra aún confundido por lo que pasó.
La Ley Crecer Juntos establece, en su artículo 67, que “todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de su libertad de forma arbitraria o ilegal” y que estas disposiciones deben ser cumplidas, además de sus padres, por empleados e instituciones públicas como la PNC.
Ordena, además, que sea respetado su honor, su propia imagen, vida privada e intimidad personal. Y prohíbe “publicar, compartir, enviar, exponer o divulgar datos, información e imágenes que lesionen el honor y reputación de los niños, niñas y adolescentes”.
LA PRENSA GRÁFICA buscó obtener la postura de la delegación sur de Chalatenango sobre el procedimiento contra los alumnos; pero el jefe del lugar omitió pronunciarse al respecto. Refirió el caso a la unidad de comunicaciones de la PNC. Se buscó a la Policía, a través de comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero tampoco hubo respuesta.
Dos semanas después de la visita de los alumnos, el hotel emitió un pronunciamiento en el que se desligó de lo ocurrido, pues aseguran que manejan como prioridad la privacidad de los clientes. En la información, The Majestic Hotel también aclaró que no permitirán más el ingreso de menores de edad y de personas uniformadas. El personal del hotel confirmó a este periódico que no encontraron drogas ni evidencia de violencia física.
Tras ser capturados, la Fiscalía los acusó en dos procesos distintos: a ocho estudiantes adultos los presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de Chalatenango por los delitos de corrupción de menores y administración indebida de bebidas alcohólicas. A otros 13, menores de edad, los acusó por desórdenes públicos.
Durante la audiencia inicial contra los adultos, desarrollada el 10 de octubre pasado, fue la misma Fiscalía quien solicitó al juzgado terminar el proceso en contra de los estudiantes por el delito de corrupción de menores por considerar que no ocurrió. El expediente judicial indica que Medicina Legal descartó algún tipo de agresión sexual en los alumnos.
Mientras que por el delito de suministro indebido de bebidas alcohólicas, el juzgado decidió suspender el proceso penal por un año bajo algunas reglas de conductas a los estudiantes: residir en el lugar donde son procesados, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y cualquier tipo de drogas, así como evitar lugares donde se comercializan estos insumos.
En el expediente judicial consta que la Policía se dio cuenta de que los estudiantes estaban reunidos en el hotel por medio de una llamada telefónica. Procedieron a corroborar los hechos, los encontraron en el lugar y los intervinieron.
El Juzgado de Menores de Chalatenango especificó que en las diligencias de investigación no se detalla ninguna denuncia de que los alumnos estuvieran generando desórdenes públicos. El proceso en contra de estos alumnos terminó tras la audiencia inicial el 7 de octubre pasado.
Ambos juzgados confirmaron que los dos grupos fueron procesados en libertad después de ser capturados.
Jeannette Aguilar, investigadora y especialista en violencia y seguridad, respalda lo fundamentado en la Ley Crecer Juntos y sostiene que se trató de un procedimiento “ilegal y arbitrario”, en el que fueron violados derechos de los estudiantes: el derecho a no ser privados de libertad arbitrariamente y a la protección de su honor, imagen e intimidad.
“La PNC les atribuyó delitos para justificar su detención, los expuso a los medios de comunicación estigmatizándolos y criminalizándolos como delincuentes, borrachos y pervertidos. Este escarmiento público que sometió innecesariamente a los jóvenes a un proceso penal”, dijo Aguilar.
Este medio también consultó vía correo electrónico a Linda Amaya, directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), sobre el proceso que las autoridades siguieron contra los menores, pero no hubo respuesta. La institución tampoco ha sentado una postura pública sobre el caso.
El INFRAMS se negó a hablar con este medio sobre cómo fue abordado el proceso con los estudiantes, pese a que se les buscó en varias ocasiones. El único pronunciamiento que realizó fue un día después del hecho, a través de su página de Facebook, en el que sostuvo que el instituto garantiza el derecho a la educación de todos los estudiantes.
El Ministerio de Educación también fue consultado al respecto, a través de personal de comunicaciones, sin embargo, las preguntas no fueron respondidas.
Óscar Picardo, educador e investigador, agregó que es lamentable el procedimiento en contra de los estudiantes y que debió haber un papel activo del Ministerio de Educación en el caso.
“Siendo estudiantes del sector público el Ministerio de Educación debería tener el protagonismo y garantizar sus derechos, pese a los delitos que se pudieran haber cometido, y darles un tratamiento de debido proceso”, sentenció Picardo.
Picardo enfatiza la necesidad de más apoyo psicológico en el nivel educativo de adolescentes y jóvenes, pues detalla que a esas edades y cuando no hay referentes familiares y escolares son proclives a comportamientos disruptivos que demandan más atención y cuidado.
“Es deber del Estado proteger la salud física, mental y moral de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles el derecho a la educación y a la asistencia”, enfatiza la ley Crecer Juntos, en su artículo 35.
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