El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia del gobierno de Mauricio Funes, David Marciano Rivas, fue encontrado culpable este lunes de enriquecimiento ilícito y condenado a devolver junto a su grupo familiar $248,195.18 al Estado salvadoreño. 

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, comprobó un incremento patrimonial y de capital no justificado del exfuncionario, su exesposa y uno de sus hijos, durante el periodo del expresidente Funes (2009-2014).

Según Centros Judiciales de El Salvador, la Cámara dio credibilidad tanto el peritaje de la parte demandada como al peritaje financiero judicial realizado en este proceso civil. 

El sentenciado tampoco podrá ejercer cargos públicos por 10 años. La Fiscalía había imputado al exservidor público y su grupo familiar por 12 irregularidades que sumaban un total de $308,252.08, pero la suma a devolver finalmente será menor. 

El exfuncionario no estuvo presente en la audiencia donde se dio la lectura del fallo, mientras que su abogado no quiso brindar declaraciones al final de la misma.

En agosto de 2024, el tribunal de Santa Tecla juramentó al perito contable que efectuaría los análisis patrimoniales de los demandados para determinar el origen lícito y ilícito de los fondos y el monto a reintegrar al erario público. 

Originalmente, la FGR le señalaba al procesado cinco irregularidades en depósitos bancarios en cuenta corriente y de ahorro, pagos de tarjetas de crédito y diferencia negativa entre sus ingresos y gastos por $265,055.49 dólares. 

A su esposa, María Auxiliadora Méndez Beltrán, se le reprochaban seis irregularidades en depósitos bancarios, apertura de depósitos a plazo, adquisición de vehículo automotor, pagos de tarjetas de crédito y diferencia entre ingresos y egresos por $31,496.59 dólares.

Y a su hijo, David Alejandro Rivas Méndez, se le observó una irregularidad en depósitos en efectivo a cuentas de ahorro por un monto de $11,700.00 dólares.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia fue la que detectó las irregularidades en el ejercicio de su cargo, entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014. 

Rivas fue condenado a ocho años de prisión el 8 de noviembre de 2024 por lavado de dinero y activos, al integrar una red de corrupción con exfuncionarios y personas particulares que desviaban fondos públicos para beneficio personal. El caso se conoce como "Saqueo Público". 

De acuerdo al fallo, Rivas se enriqueció ilícitamente con $1,738,465.57 durante su gestión, los cuales no pudo justificar.