En la sesión participaron Antonio Pacheco, director de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, y Saúl Rivas, encargado del área legal de la organización, ambos protagonistas del caso. Relataron su experiencia durante los 22 meses de detención y reflexionaron sobre el sobreseimiento que enfrentan ahora.

“A mediados de 2022 supimos de investigaciones relacionadas con las masacres de Santa Marta. Esto culminó en nuestra detención el 11 de enero de 2023 por hechos ocurridos en 1989. Además, se nos aplicó el régimen de excepción, lo que alteró los plazos procesales. Nuestra primera audiencia fue a los 10 días, cuando debió realizarse en cinco. Ahí supimos los detalles de las acusaciones en nuestra contra.” Explicó Saúl Rivas.

Por su parte, Pacheco destacó el respaldo recibido: “Cuando se realiza un trabajo profundo, que fomenta la conciencia social, se obtienen resultados positivos. Hemos contado con el apoyo de personas y organizaciones tanto nacionales como internacionales, lo que ha sido fundamental durante este proceso.”

Representantes de aliados internacionales, como Alexis Stoumbelis de CISPES, Laura Avalos de Americas Policy Group (Canadá) y Bernie Hammond, observador del juicio, recalcaron la justicia del fallo emitido por las juezas en Sensuntepeque y cuestionaron la apelación presentada. Señalaron que seguirán firmes en demostrar la inocencia de los cinco ambientalistas y en defender sus derechos ante la Cámara de Segunda Instancia en Cojutepeque.