El estudio se centró en comunidades de Izalco, Nahuizalco, Nahuilingo, San Antonio del Monte y San Julián, aunque también analiza el contexto nacional. Según Carlos Flores, del Foro del Agua, "la falta de participación y acceso a información pública crea condiciones para el robo y despojo de los recursos de la población".  

Entre los hallazgos, destacan la desaparición de cabildos abiertos y comités de desarrollo local, así como la falta de respuesta a solicitudes comunitarias. Un caso emblemático es el de Tacuscalco, donde en 2020 la empresa COAGRI S.A. de C.V. destruyó estructuras prehispánicas en una zona protegida para construir un proyecto urbanístico.  

Flores también señaló que desde 2019 se han cerrado importantes canales de participación ciudadana, como la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y el Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura, reducido a una sola persona.  

"Estas medidas aparentan legalidad, pero son represivas. Restringen la defensa del medio ambiente y los derechos ciudadanos".  Denunció Alejandro Henríquez, de ECOS El Salvador.

Las organizaciones hicieron un llamado a la población a no permanecer inactiva “pese al temor generalizado”.

 “Conocer el contexto es clave para plantear estrategias. Lo peor sería no hacer nada”, concluyó Henríquez.