Representantes de empleadores pidieron a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT que envíe una misión a El Salvador. El Gobierno compareció ante la comisión el lunes pasado.
La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT escuchó los alegatos del Gobierno salvadoreño el lunes 10 de junio. Adoptará sus conclusiones sobre el caso el próximo jueves. Cortesía OIT
Representantes del sector empleador en la Comisión de Aplicación de Normas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pidieron a la entidad que envíe una misión a El Salvador, ante las repetidas denuncias que ha enfrentado el Gobierno por violaciones a convenios laborales.
En el marco de las reuniones anuales de la OIT, el lunes 10 de junio, por novena ocasión consecutiva, el Gobierno salvadoreño compareció ante la comisión, esta vez para responder a denuncias de incumplimientos al convenio 87 sobre la libertad sindical.
En el informe emitido por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios para la reunión de este año, y donde se da seguimiento a las recomendaciones que recibió El Salvador en 2023, persisten señalamientos sobre la inactividad del Consejo Superior del Trabajo (CST), obstáculos legales para el funcionamiento de los sindicatos, injerencia de la Presidencia de la República -a través de 23 decretos legislativos- en la elección de representantes de empleadores en autónomas y “actos de hostilidad” hacia la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
El representante del Gobierno salvadoreño, Joel Adonay de Paz, asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), aseguró en la sesión que en el país “se respeta la libertad sindical”, porque no se reprimen ni amedrentan las marchas de los sindicatos.
Además, solicitó a la OIT asistencia técnica para acompañar un proceso de reformas al Código de Trabajo, que busca eliminar obstáculos a la obtención de credenciales por parte de los sindicato. Paz también afirmó que el Ejecutivo destinará “esfuerzos para cumplir con el mandato constitucional de la OIT, los convenios ratificados”.
Las palabras del representante gubernamental fueron respaldadas por Francisco Ayala, de la Unidad Sindical Salvadoreña, una organización que en redes sociales constantemente comparte mensajes de apoyo hacia Nayib Bukele y el titular del MTPS, Rolando Castro.
“Actualmente, en El Salvador, podemos afirmar que hay un respeto a la actividad sindical, y que no hay un enfoque de represión, lo que permite al movimiento sindical participar en instancias de diálogo a fin de contribuir en el desarrollo eco nómico y social del país”, dijo Ayala, quien participó en la delegación salvadoreña como representante de los trabajadores.
Sin embargo, representantes de empleadores, trabajadores y voceros de gobiernos de todo el mundo expresaron su preocupación por la falta de avances en cumplir las recomendaciones. En ese sentido, el sector empleador pidió a la comisión que envíe una misión de contactos directos a El Salvador.
“En general, falta cumplimiento de los compromisos adoptados voluntariamente ante esta organización. De ahí la necesidad de establecer una misión de contactos directos para garantizar el cumplimiento cabal de los convenios que hasta ahora está injustificadamente pendiente”, dijo Fernando Yllanes Martínez, portavoz del sector empleador dentro de la Comisión de Aplicación de Normas.
En varias intervenciones también se señaló la relación del Gobierno con la ANEP. “La ANEP este año no ha sido acreditada a participar en esta Conferencia (Internacional del Trabajo, la reunión anual de la OIT). Si en foros internacionales el Gobierno excluye a la ANEP de la representación tripartita, resulta claro lo que puede suceder en el día a día en el ámbito nacional”, dijo Roberto Suárez, representante de la Organización Internacional de Empleadores.
Elise Lizin, representante de Bélgica y vocera de la Unión Europea en la comisión, también dijo que esta región “nota con preocupación” que persistan las denuncias de hostilidad hacia la ANEP. “Entendemos que la hostilidad pública con la ANEP ha cesado en el último año, pero la interferencia en la autonomía de la organización continúa. Los actos previos de intimidación parecen haber reducido el rol de la ANEP”, indicó.
El representante del Gobierno respondió a estos señalamientos asegurando que la ANEP es un “ente partidario” y cuestionó su representatividad. El funcionario trajo a cuenta los comunicados de prensa que varias cámaras empresariales, afiliadas a la ANEP, emitieron el 1 de junio para saludar la reelección de Nayib Bukele. “Todas ellas muestran un respaldo al Gobierno (...). La postura de la ANEP es contraria a la de los sectores que dice representar, por lo que deja la duda razona ble de su representatividad”, dijo. En El Salvador, la reelección presidencial inmediata está prohibida en la Constitución de la República.
El Gobierno salvadoreño también fue cuestionado por haber excluido al sector empleador y trabajador del consejo directivo del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), a pesar de que dicha entidad sigue recibiendo los aportes financieros de los empleadores.
“El INSAFORP fue completamente disuelto y, en su lugar, se creó una nueva organización solo con representación del Gobierno”, señaló Marc Leemans, vicepresidente del sector de los trabajadores en la comisión. La respuesta del representante gubernamental sobre este punto fue que la disolución del INSAFORP y su posterior sustitución con el INCAF es parte de la modernización del Estado.
El INCAF se creó en noviembre de 2023 en sustitución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, en cuyo consejo directivo había participación del Gobierno, empresas y empleados.
También hubo cuestionamientos por la inactividad del CST, que no se reúne desde mayo de 2022, cuando la última misión de la OIT estuvo en el país.
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