La organización no gubenamental Cristosal presentó este jueves 24 de octubre un aviso de denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta investigue si hubo o no delitos en la entrega de subsidios durante la pandemia del Covid-19 en El Salvador.

Ruth Eleonora López y Ricardo Iglesias, de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, llegaron a la oficina fiscal de La Sultana, en Antiguo Cuscatlán, porque durante una investigación que ellos han realizado identificaron anomalías y posibles delitos en la entrega de $300 que el gobierno del presidente Nayib Bukele hizo a las familias afectadas por el Covid-19, durante el año 2020.

“Se han identificado irregularidades durante la entrega de esos $300 y esto llevó a que miles de personas a las que les correspondía el beneficio no se les entregara, mientras que pesonas que no lo necesitaban sí lo recibieron”, declaró López.

La jefa de la unidad recordó que ya hubo un proceso judicial en el que pandilleros del Barrio 18 del Parque Libertad, en San Salvador, fueron condenados porque se descubrió que recibieron estos fondos durante la pandemia. Sin embargo,  asegura que Fiscalía no  continuó con la investigación para determinar cómo ese dinero les llegó y cómo ellos entraron en los listados de beneficiarios.

“No se establecieron los controles suficientes para supervisar los pagos. En ese momento se usaron $513 millones para el pago de este subsidio, pero además hubo contrataciones directas para la pandemia que hoy no constan con respaldo documental”, añadió la especialista.

Corte de Cuentas no investigó irregularidades

Ricardo Iglesias agregó que durante la investigación que hizo Cristosal pidieron información a las instuciones que administran el  Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y también a la Corte de Cuentas de la República (CCR), tomando en cuenta que esta última ya había encontrado 22 irregularidades en el proceso de distribución de los subsidios a través de un examen expecial que realizó en el año 2021.

“Pedimos a la Corte que informe sobre el estado de la fiscalización de este Fondo, donde encontró las 22 irregularidades y no hemos obtenido ninguna información, nos la han negado. Entonces acudimos a la Fiscalía con la esperanza de que se rescate la institucionalidad”, dijo Iglesias.

En el aviso señalan que funcionarios que participaron en el proceso de distribución de los $300, como Vladimir Handal (entonces secretario de Innovación), Mario Durán (entonces ministro de Gobernación) y Maria Luisa Hayem (ministra de Economía), pudieron cometer delitos como incumplimiento de deberes, negociaciones ilícitas y peculado. También pidieron investigar a proveedores de servicios tecnológicos y financieros que podrían haber facilitado la distribución irregular de los fondos.

“La expectativa con este aviso es activar la institucionalidad, que se establezcan los responsables, que se establezca la cuantía exacta de los fondos mal manejados y que sean procesados los responsables”, finalizó Ruth López.