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Piden que menores de edad afectados por régimen de excepción visiten a sus padres en las cárceles

Las familias que llegaron al Conapina piden además que la institución informe sobre los programas que realiza para la niñez víctima del régimen de excepción. 

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Membros del MOVIR y de comunidades afectadas por el régimen de excepción llegaron al Conapina en San Salvador, este 11 de octubre de 2024.

Membros del MOVIR y de comunidades afectadas por el régimen de excepción llegaron al Conapina en San Salvador, este 11 de octubre de 2024.

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El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentó un escrito ante el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) en el cual solicita información sobre los programas dirigidos a los hijos e hijas de personas capturadas durante el régimen de excepción, que  realice las gestiones para que haya un sistema de visitas en las cárceles y que realice un estudio sobre las vulneraciones hacia  la niñez y adolescencia padecidas en dicho contexto.

El MOVIR dijo que no es la primera vez que piden este tipo de información al Conapina, ya que quieren saber la situación de los niños que están naciendo y creciendo en la Granja de Izalco, pues tienen conocimiento que hay niños que están “naciendo con deformaciones físicas”. 

“Es  segunda vez que estamos acá en el Conapina, pero esta institución está sorda, está muda,  no quiere escuchar a este sector de la población afectado por el régimen de excepción. No los vemos, en ningún espacio informativo, atendiendo a estos niños que han quedado abandonados por sus padres”, aseveró Samuel Ramírez, coordinador del Movir. 

Estas familias manifestaron que no poder visitar a su ser querido en las cárceles genera un  “vacío devastador” y deteriora el desarrollo mental y emocional en los niños, niñas y adolescentes.

Al Conapina llegaron también  integrantes del Comité de Familiares de Privados de Libertad del Bajo Lempa y Familiares de Isla Tasajera, PDL Cuisnahuat, Isla Espíritu Santo, Comasagua, Güarjila y Santa Ana, acompañados de niños y niñas,  cuyos padres han sido capturados desde que inició el régimen en marzo de 2022. 

Estos sectores expusieron que están ante una situación “alarmante”, ya que estos niños, niñas y adolescentes están enfrentando “emociones de tristeza, enojo, miedo y apatía.

“La ausencia de programas de atención psicosocial agrava aún más esta crisis, evidenciando una vulneración de sus derechos fundamentales, como se establece en la Ley Crecer Juntos”, indicaron.

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