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Presentan dictamen de acusación contra Salvador Sánchez Cerén y otras 18 personas por lavado de dinero y peculado

Sumado al expresidente Salvador Sánchez Cerén, dentro de los acusados también se encuentra el exsecretario Manuel Melgar y otras personas que tuvieron intervención como particulares en este mecanismo.

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El expresidente Salvador Sánchez Cerén y otras 18 personas habría desviado fondos de la partida de gastos y donativos, provenientes de China-Taiwán, a cuentas bancarias particulares.

El expresidente Salvador Sánchez Cerén y otras 18 personas habría desviado fondos de la partida de gastos y donativos, provenientes de China-Taiwán, a cuentas bancarias particulares.

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves 23 de noviembre el dictamen de acusación contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado, Manuel Melgar y otras 17 personas más por los delitos de lavado de dinero y peculado.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados están involucrados en el caso conocido como "Gastos Reservados 2014-2019", por el desvío de más de $187 millones. Sin embargo, este dato está a la espera de una confirmación, ya que, la "va a arrojar la pericia financiera contable que aún no ha concluido", según reveló el fiscal del caso.

Los hechos se cometieron en el período presidencial del 1 de junio del 2014 al 31 de mayo del 2019, durante la presidencia de Cerén. Según las investigaciones de la FGR, los exfuncionarios y empleados de Casa Presidencial (CAPRES) desviaron fondos de la partida de gastos y donativos, provenientes de China-Taiwán, a cuentas bancarias particulares.

"Esto fue realizado por medio de fondos que estaban destinados a abrir la partida presupuestaria designado a los gastos reservados de la Presidencia de la República y también con el desvío de fondos que estaban destinados al fortalecimiento de la seguridad presidencial a través de proyectos financiados por la corporación de la República China-Taiwán", detalló el fiscal del caso.

Asimismo, el fiscal detalló que  el desvío de fondos benefició principalmente a funcionarios que estaban al mando de Casa Presidencial, sus familiares cercanos y "otras personas que tuvieron intervención como particulares en este mecanismo".

La Fiscalía solicitó una audiencia preliminar para discutir la admisión de 900 elementos de prueba documental, la declaración de 200 testigos y tres pericias financieras contables.

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