La organización Acción Ciudadana alertó que la reforma constitucional que eliminó la deuda política tendrá un impacto negativo en la democracia salvadoreña, debilitando la pluralidad electoral y aumentando los riesgos de financiamiento ilícito en la política.

Durante la presentación del informe “Reforma a la Constitución sobre el financiamiento público”, Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, explicó que esta modificación pone en desventaja a los partidos opositores, ya que los obliga a depender exclusivamente de financistas privados. Según Cartagena, esto podría traducirse en una mayor influencia de intereses particulares sobre la aprobación de políticas públicas.

“Eliminar el financiamiento público abre la posibilidad de que dinero mal habido permee la política, incluyendo fondos del crimen organizado”, advirtió Cartagena. 

Asimismo, señaló que los partidos perderán entre el 40% y el 60% de sus ingresos, lo que reducirá su capacidad para competir electoralmente en igualdad de condiciones.

Según el informe, entre 2014 y 2024 el financiamiento público a partidos políticos ascendió a $89.9 millones, siendo un mecanismo clave para garantizar la operatividad de las instituciones partidarias. No obstante, el documento también revela que el Ministerio de Hacienda no ha detallado el destino de $10.1 millones en 2024, lo que genera dudas sobre la transparencia en el uso de estos fondos.

La eliminación de este financiamiento, según Acción Ciudadana, ocurre en un contexto en el que se ha consolidado un partido hegemónico, lo que ha sido favorecido por cambios en la legislación electoral, como la reducción de diputados y la modificación del sistema de asignación de escaños. Cartagena enfatizó que este tipo de reformas han reducido la capacidad de los partidos de oposición para acceder a cuotas de poder, agravando el desequilibrio político.

“El índice de número efectivo de partidos muestra que en 2024 el sistema político salvadoreño se ha reducido a prácticamente un solo partido con incidencia real, mientras que el resto ha perdido capacidad de influencia”, explicó Cartagena.

El informe también destaca que, aunque se argumenta que la reforma responde a una desconfianza en el sistema político, la falta de rendición de cuentas ha sido el verdadero problema. En este sentido, Acción Ciudadana señala que el financiamiento público es más controlable que el privado, ya que su uso debe ser reportado ante el Ministerio de Hacienda y otras entidades de fiscalización.

Finalmente, Cartagena advirtió que esta reforma podría afectar la independencia de los partidos políticos, al obligarlos a depender exclusivamente de financistas privados, quienes podrían condicionar sus decisiones. Además, señaló que en un contexto de régimen de excepción y partido hegemónico, los empresarios podrían temer represalias por financiar a la oposición.

“La falta de transparencia en el partido oficialista agrava aún más la situación. Se desconoce quiénes son sus financistas y en qué medida influyen en sus decisiones políticas”, concluyó Cartagena.

Acción Ciudadana reiteró que la eliminación del financiamiento público representa un retroceso en términos de pluralismo político y transparencia electoral, y advirtió que esto limitará la competencia democrática en el país.