En los próximos 10 años los casos de tuberculosis en El Salvador podrían crecer hasta un 112 % debido al actual hacinamiento carcelario. Autora del informe sostiene que, de no tomar medidas, afectará fuera de los penales.
Mantener el régimen de excepción en El Salvador, con las altas cifras de población carcelaria que la medida de seguridad ha generado, incrementaría la incidencia de tuberculosis en el país en un 112 % durante los próximos diez años, según un estudio científico publicado en la revista The Lancet, especializada en salud pública.
El estudio, denominado “El encarcelamiento masivo como factor impulsor de la epidemia de tuberculosis en América Latina y efectos proyectados de alternativas políticas: un estudio de modelado matemático”, abarca la situación de esta enfermedad dentro de las cárceles de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Perú, y genera una proyección estadística a partir de las cifras públicas a las que han tenido acceso en los seis países.
Zulma Rueda, profesora asociada del departamento de microbiología y enfermedades infecciosas de la Universidad Manitoba de Winnipeg, Canadá, y profesora ad honorem de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, es una de las autoras del estudio y en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA dijo que en el caso de El Salvador analizaron la prevalencia e incidencia de la tuberculosis dentro de las prisiones desde 1990, lo cual está relacionado al hacinamiento.
“La prevalencia de reclusión por cada 100,000 habitantes hasta 2019 era de 825; es decir, había 825 personas que estaban recluidas por cada 100,000 habitantes que tiene el país. Pero el porcentaje de incremento en la prevalencia de reclusión, que este es quizá es uno de los hallazgos más importantes, desde 1990 en El Salvador se incrementó en un 372 %. Es decir, cuando tú comparas 1990 a 2019, el porcentaje de población carcelaria se incrementó en un 372 %”, explicó Rueda.
Según la doctora, los datos oficiales obtenidos en El Salvador e incluidos en el informe revelan que para 2019 la tasa de tuberculosis en la población salvadoreña era de 47.9 por cada 100,000 habitantes, pero ese mismo año, dentro de las prisiones salvadoreñas, habían 3,484 diagnósticos de la enfermedad.
“Cuando tú coges y divides esos 3,484 casos en prisión y los divides entre los 47.9 entre la población en libertad eso te da que la tuberculosis es 72 veces más alta en prisiones que en población general. Ese es un hallazgo demasiado dramático”, añadió.
Para los años posteriores a 2019 los autores hicieron una proyección con ayuda de un modelado matemático, una fórmula que les permite predecir estadísticamente cuál sería la situación a partir de tres escenarios: si las tasas de encarcelamiento y liberación del régimen de excepción se mantiene, si se reduce de manera pasiva y gradual o si se finaliza en 2025 y se retorna a los números de encarcelamiento y liberación previos al régimen de excepción.
“Se proyecta que mantener el estado de emergencia con las condiciones actuales durante los próximos 10 años aumentará la incidencia de tuberculosis poblacional en 2034 en un 112 %, en comparación con la situación previa en 2021. Una reducción pasiva y gradual del estado de emergencia aún aumentaría la incidencia de tuberculosis poblacional en 2034 en un 39 %. Por el contrario, el cese rápido y activo del estado de emergencia y la reversión de la prevalencia del encarcelamiento a niveles aproximados a los previos a la emergencia para 2034 podría restablecer la incidencia de tuberculosis en la población a su tasa aproximada en 2021”, sostienen.
Pero que haya más casos de tuberculosis en las cárceles no es algo que únicamente deba preocupar a los privados de libertad. Los expertos sostienen que si la situación sigue de esta manera, la enfermedad se seguirá incrementando en las comunidades y afectará a más zonas.
En el caso de El Salvador, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciaron en octubre de este año que ya están identificando casos de tuberculosis en el centro penal de Izalco y que están siendo atendidos en hospitales de la red pública.
“Estos pacientes que están ingresados ahogan el sistema público al salir y pasan a ser más complicados, porque traen bacterias más fortalecidas, bacterias que no hay afuera, sino adentro por el hacinamiento. La tuberculosis será un problema serio de salud, porque esta gente liberada no sabe que está contagiada y lleva esta enfermedad a sus hogares, complicando a estas familias a vivir una crisis peor”, expuso Sara Alfaro, experta en salud del SJH.
Roxana Cardona, abogada penalista y directora de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana, también dijo que sospecha que algunos de sus defendidos ya tienen esta enfermedad y que por ello han pedido que Medicina Legal entre a los penales para verificar la situación, pero no se los han permitido.
Sobre esta problemática, Zulma Rueda sostuvo que justamente hay una error común que no permite entender la magnitud del problema, pero debe atenderse.
“Hay una percepción errónea y es que la gente cree que porque es cárcel todas las personas están encerradas y la enfermedad no se transmite, la gente piensa que no puede transmitirse a la comunidad. Pero ese concepto es erróneo, porque las personas entran y salen de las cárceles, tanto la población recluida como los abogados, los familiares, las personas que trabajan ahí... entonces hay una comunicación constante entre la comunidad y entre la población carcelaria”, explicó.
Desde ese punto de vista, los autores del estudio concluyen que “el estado de emergencia actual (en El Salvador) tendrá consecuencias catastróficas para la tuberculosis”, pero consideran que aún está a tiempo de evitarse.
“Los tomadores de decisiones en cualquier estructura, independientemente de su afiliación política, deberían considerar que la tuberculosis siempre ha estado presente en la comunidad y en las prisiones, el problema es que es una enfermedad que se ha asociado tristemente con pobreza y afecta a población históricamente marginalizada, con bajos niveles socioeconómicos, con bajos ingresos socioeconómicos y son quienes desafortunadamente terminan en prisiones”, opinó Rueda.
Y agrega que la solución es compleja y algo más de fondo: “es una cosa más estructural, y estructural quiere decir mayor oportunidad, mayor educación, mayor equidad en términos de que la persona no sufra ni tuberculosis y que tampoco termine en un ambiente hacinado y violento que favorezca la transmisión de enfermedades respiratorias”.
Para esta publicación se buscó la versión de Centros Penales, pero no hubo respuesta a las llamadas realizadas.
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