La reserva de información tiene vigencia hasta 2031. La Superintendencia también reservó los procesos que llevan junto a la Fiscalía.
SSF reserva por siete años información del caso Cosavi
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reservó toda la documentación referente al desfalco de $35 millones que directivos de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi) realizaron a sus ahorrantes, un hecho que se hizo público el 9 de mayo de este año. En el Índice de Información Reservada de la SSF también aparecen bajo reserva “todos los procesos en trámites y tramitados que estén en dicha institución y estén relacionados a la Fiscalía General de la República (FGR)”.
La Superintendencia asegura, en su índice de reserva, que la información sobre el caso de Cosavi se realiza para no perjudicar “el cumplimiento de la normativa aplicable a los supervisados” y para que “no revele estrategias y acciones en los procesos en trámites o tramitados por la SSF con estrecha relación con la FGR, en la dirección de investigación”.
Para especialistas en transparencia y corrupción consultados por LA PRENSA GRÁFICA, esta reserva de información es “injustificada” y refleja “opacidad a la hora de realizar la gestión pública”.
Ruth Eleonora López, experta en temas de corrupción de Cristosal, recordó que ya existía una reserva judicial en este caso la cual tampoco es justificable.
“En este caso existe una reserva impuesta por orden judicial, que no es justificable porque el artículo 307 del Código Procesal Penal establece que siendo la generalidad la publicidad de los actos procesales, un juez solo puede reservarlos parcial o totalmente si con el conocimiento público se afecta 'la moral pública, la intimidad, la seguridad nacional o el orden público'”, algo que no sucede este caso, aseveró la abogada.
Considera que por ser una limitación al derecho de estar informado, la reserva debería estar “plenamente justificada, ser la excepcionalidad y no la regla”.
Henri Fino, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), consideró que este tipo de reserva es para “ocultar a funcionarios” que están involucrados con dicha cooperativa, pues ya se conoció que la cooperativa financió a varias alcaldías y que había una falta de control sobre el trabajo que esta realizaba.
“Frente a la insistencia de las víctimas y que estas hayan divulgado información, sencillamente el último recurso desesperado es esconderlo. La reserva es para que nadie se dé cuenta de quiénes son los verdaderos deudores. El problema acá es de control y es parte de todo el oscurantismo que ha estado envuelto en este proceso de Cosavi”, aseveró Fino.
Mientras que Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, consideró que debería revisar documento por documento del caso Cosavi para que haya un “sustento jurídico” y determinar cuáles sí entran en la categoría de información “reservada”, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Aún así, recordó que debe existir una versión pública, con información que se puede revelar del caso, sin que se perjudiquen a los afectados del desfalco por $35 millones.
“Obviamente, ellos (afectados) tendrían que tener acceso a la información del caso porque son víctimas. En el proceso penal ellos tendrían que saber toda la información del proceso”, aseveró el también abogado.
La SSF argumenta que las reservas de información realizadas se basan en los literales e,f,g y h del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Según estos literales, reservan la información porque contiene: “e) opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos; f) cause un prejuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia; g), compromete estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales y h), puede generar ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.
Ciudadanos afectados por el fraude y que están esperando la devolución de su dinero lamentaron la reserva y aseguraron que desde que inició el proceso ya han experimentando la negativa de informar por parte de la SSF y la FGR.
Afirmaron que no tienen acceso a detalles de la investigación, a pesar de ser parte en el proceso penal que lleva la Fiscalía. Consideran que la intención de este tipo de reserva es evitar, según ellos, que se conozcan nombres de funcionarios que podrían estar implicados.
“No nos informan absolutamente nada. Nosotros como víctimas no tenemos acceso a ningún tipo de información relacionada con nuestros ahorros ni la investigación de la Fiscalía. Es un silencio total”, aseveró Julio Flores, vicepresidente de la junta directiva de los afectados de Cosavi.
Juan José Ortiz, el otro vicepresidente de esta directiva, aseguró que ellos han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía y han pedido formar parte del proceso de entrega de dinero, pero eso no ha hecho que reciban información oficial.
Consideró además que la reserva es una decisión arbitraria, pues el dinero de Cosavi es privado y le pertenece a los más de 10,000 ahorrantes afectados.
“Simple y sencillamente están reservando información para evitar que nos enteremos que la clase política metió las manos en la cooperativa. Lo que quieren es evitar a toda costa que los afectados, la prensa y el país se entere que funcionarios de Nuevas Ideas metieron las manos en la cooperativa”, aseguró Ortiz.
Dijo que tiene conocimiento que representantes del partido Nuevas Ideas tienen dinero en la cooperativa y hay varios préstamos a alcaldías, sumado que la cooperativa fue su financista.
Las víctimas también se quejan porque ya pasó más de un mes sin que la capa de devolución sea renovada. Por el momento esta se mantiene en $25,000 y consideran que deben aumentarla a $50,000.
Solo en 2024 la Superintendencia realizó ocho reservas, todos para vencerse hasta 2031. El primero fue el de los expedientes documentales de la Unidad de Auditoría Interna y luego reservó la contratación del consultor que realizó dicha auditoría.
También estarán bajo reserva los planes de supervisión de entidades fiscalizadas, el plan de regularización de entidades cooperativas cuando superan el umbral establecido en la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y todos los actos derivados o conexos con dicho Plan. Eso sucedió el 13 de marzo, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a revisar las irregularidades en el trabajo de Cosavi.
También le han puesto candado a las pruebas de conocimiento para aspirantes a ser inscritos en el Registro de Peritos Valuadores e informes relativos a los procesos del Registro de Peritos Valuadores de la SSF, entre otros.
Sobre la reserva del Plan de regularización de entidades cooperativas, Ruth Eleonora López, de Cristosal, dijo que tampoco es justificable hacer este tipo de reserva ya que “son los ciudadanos quienes tienen sus ahorros y créditos con dichas entidades y ha sido el Estado quien les ha dejado desprotegidos al no ejercer sus facultades de vigilancia”.
Con estas reservas los afectados y cualquier ciudadano podrán saber información al respecto hasta el año 2031, pero las mismas pueden ser renovadas.
El fraude Cosavi fue anunciado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, el 9 de mayo de este año. Cuatro días después, la superintendenta dijo que se habilitarían “capas” para pagar el dinero a los ahorrantes de la cooperativa, ya que había dinero suficiente para saldar las cuentas.
El 17 de septiembre se anunció la capa de pago que fue de $25,000. Desde ese momento, ya no hubo actualización.
LA PRENSA GRÁFICA llamó al área de comunicaciones de la SSF para obtener una postura respecto a estas reservas de información. Sin embargo, solo tomaron datos de la periodista y dijeron que se contactarían para responder a las interrogantes, lo cual no sucedió.
También se llamó al área de comunicaciones de Nuevas Ideas por las acusaciones, pero no hubo respuesta.
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