La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Energía Nuclear a petición del Ejecutivo de forma exprés, sin discutirla con sectores claves como medioambiental, academia y los privados.
Diferentes sectores criticaron el poco o nulo estudio y la rapidez con la que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Energía Nuclear el 22 de octubre pasado. Además, señalaron sobre las prioridades del país por aprobar una normativa especializada que permite conceder, suspender o revocar licencias para el diseño, construcción u operación de instalaciones nucleares o radiactivas en el territorio.
Carlos Palomo, de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos (TRACODA), sostuvo que si bien está de acuerdo con iniciativas que ayuden a dinamizar el sector energético en El Salvador, no lo está con la forma en que se ha dado el proceso.
“Me parece que debió haberse discutido más e introducido la perspectiva de los grupos ambientalistas, sector privado, la academia. Ellos son un ente idóneo para discutir sobre esto, si debería ser una puesta de país, las implicaciones económicas porque hay que hacer una gran inversión”. Agregó que eventualmente habrá que ver si “se va a permitir la participación de estos sectores en la implementación de la ley”.
Enfatizó, además, en la falta de información y en la necesidad de transparentar estudios técnicos sobre el proyecto, en caso de que los hayan, para que “puedan debatirse”.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, también cuestionó la viabilidad de un proyecto como ese respecto a los recursos que tiene el país para desarrollarlo.
“Habría que ver si el país tiene recursos financieros y humanos para garantizar la seguridad de medio ambiente y de las personas implementando ese tipo de proyectos”, dijo.
Advirtió, además, sobre la reserva de información que el Gobierno podría tener sobre el tema.
Dos diputadas opositoras también criticaron la aprobación de la ley durante el debate en el pleno legislativo minutos antes de que la bancada oficialista diera el aval a la normativa.
La primera en reaccionar fue la diputada Marcela Villatoro, de Arena, al señalar la falta de prioridad: “¿En qué le va a beneficiar en este momento a una persona que no tiene dinero para llevar a sus hijos al colegio, que no tiene dinero para comer, que no le alcanza para poder pagar la vivienda donde está. Este es un tema de prioridades?”, dijo.
La diputada Villatoro agregó que sería mejor comenzar por “apoyar a que se ayude en la infraestructura de las escuelas, en que los maestros sean bien pagados, a que los hospitales se tecnifiquen a mejores médicos y que se le dé la salud de forma más inmediata a la población”.
Reiteró que la introducción de la energía nuclear “podría ser eventualmente algo bueno”, pero no es lo más inmediato. “No es lo que le va a beneficiar a la gente en este momento”, dijo. minutos antes de votar en contra de la ley.
Claudia Ortiz, del partido Vamos, tildó la ley de “un proyecto que no tienen muy claro" que respondía a una iniciativa para “decir que están haciendo un proyecto novedoso”.
La diputada reaccionó así a las respuestas del director de Energía y presidente de CEL, Daniel Álavez, al reconocer que no contaba con un presupuesto destinado para el proyecto al decir que “este momento no tengo un número para la implementación para siete años”.
La diputada agregó que la Asamblea estaba evadiendo su responsabilidad al no tratar los temas que a su juicio le interesan más a la gente: "La gente va a pasar la Navidad con el mismo salario mínimo pero con mayor costo de vida, sin poder vender porque los mercados se quemaron o porque la gente tiene que huir del CAM para poder vender sus productos”.
Por el contrario, el Gobierno ha defendido el proyecto al asegurar que la población se verá beneficiada con la estabilización de los precios de la energía y con la capacitación de 400 personas en el tema.
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