Los dos nuevos procesos suman $361,711.61 como supuesto monto estafado.
Dos nuevas causas penales se abrieron contra los ocho exdirectivos de la Corporación Argoz tras dos audiencias iniciales donde se les imputa por estafa agravada en la venta ilegal de lotes en El Salvador.
Según la Fiscalía General de la República, en una audiencia en el Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco, La Paz Centro, se habría conocido sobre una estafa por $246,292.61. a 36 víctimas que adquirieron sus parcelas.
Mientras que en el Juzgado de Paz de San Juan Talpa, La Paz, se habría sabido de 44 supuestos afectados por un monto de $115,419.00. en la compra de lotes que comenzaron a pagar en 2004, sumando $361,711.61 en ambos procesos.
Estos nuevos procesos se añaden al de diciembre de 2023 contra los ocho acusados, de los cuales cinco están en detención provisional y tres prófugos.
Los procesados son Rodrigo Javier Gómez de Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez, Edwin Omar Rivera López, José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda.
Argoz, que según la FGR ahora funciona bajo una nueva administración supervisada por el Ministerio de Vivienda que opera con legalidad, habría comercializado terrenos en proyectos de lotificación nacionales sin los permisos regales ni la regulación de las autoridades.
"Hacían la promesa de entregar las escrituras públicas de compra venta cuando el valor total de la parcela estuviera cancelado, pero la sociedad nunca cumplió con ese compromiso", acusa la FGR.
Los compradores no recibían cancelaciones de deuda ni otros documentos que los acreditaran como dueños del inmueble.
Argoz funciona desde 1995 y creaba sociedades para lotificar a nivel nacional. La FGR afirma que su nueva administración opera para que las personas "no se vean afectadas en los procesos de legalización de sus lotes".
En diciembre de 2023 se allanó la Corporación decomisando $37,919.73 en efectivo y cinco vehículos, y se arrestó a Leticia Farfán y Rodrigo Javier Gómez Farfán, los supuestos líderes de la estafa.
En ese entonces la FGR adelantó que se les imputarían 49 cargos a los directos, incluyendo estafa, comercialización irrregular de inmuebles y agrupaciones ilícitas.
En mayo de 2024 se nombró un interventor en la nueva administración que se encargaría de otorgar las escrituras a las familias embaucadas.
En octubre de 2024, según el Ministerio de Vivienda, se entregaron 84 escrituras de propiedad a habitantes de 14 lotificaciones por un monto "recuperado" de $840,000. Se calcula más de 350,000 familias defraudadas en todo el país.
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