Amnistía Internacional considera que la reciente reforma penal realizada por la Asamblea Legislativa de El Salvador “agrava las condiciones de las personas privadas de libertad y establece un tratamiento penitenciario desproporcionado y punitivo particularmente para niños, niñas y adolescentes”.

De acuerdo con el organismo internacional, la reforma que hicieron los diputados oficialistas a la Ley Penal Juvenil, Ley Penitenciaria y Ley Contra el Crimen Organizado “consolida la represión masiva sin salvaguardas adecuadas”, lo que consideran que podría “derivar en mayores violaciones de derechos humanos”. 

El paquete de reformas aprobada por la Asamblea, de mayoría oficialista, el 12 de febrero pasado incluye una modificación a la Ley Penal Juvenil que permite internar a menores de edad que estén condenados o procesados por crimen organizado en centros penales junto a adultos, pero en pabellones especiales.

La reforma a la Ley Penitenciaria busca apartar a los jueces de vigilancia de ejercer sus funciones cuando se trate de privados de libertad condenados por crimen organizado. En estos casos, la reforma contempla que la vigilancia deberá ser ejercida por los mismos tribunales destinados al tema.

Y la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado suspende los beneficios penitenciarios a los condenados bajo esa normativa, como el derecho a la libertad condicional. Amnistía Internacional señala que eso “socava la posibilidad de resocialización, en contradicción con las Reglas de Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, el Gobierno de El Salvador ha desmantelado las garantías procesales y normalizado la detención masiva sin pruebas o indicios suficientes. Con estas reformas, que entraron en vigor el pasado 22 de febrero, se institucionaliza la privación de libertad como única respuesta del Estado, incluso para la niñez, en flagrante violación a los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional reitera su llamado a que las autoridades salvadoreñas permitan el acceso de organismos internacionales de derechos humanos a los centros penitenciarios, y que la comunidad internacional impulse mecanismos de monitoreo independiente para documentar la crisis penitenciaria en el país.

Además, el organismo urge a El Salvador “revertir estas reformas y garantizar que su sistema penitenciario cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos”. Agrega que “el encarcelamiento masivo y el debilitamiento de la legislación que garantiza la protección de los derechos de la población no pueden ser la base de la política de seguridad en el país”.

Organismos del Sistema de Naciones Unidas también se pronunciaron recientemente sobre el paquete de reformas penales impulsado por la Presidencia de la República, y aprobado sin mayor discusión por la Asamblea oficialista, al emitir un comunicado un día después de la aprobación del decreto por considerar que es un "retroceso" y que "contravienen instrumentos internacionales".