Seguirán procesados en libertad por protestar para exigir el pago de sueldos.
Archivo. Según trabajadores, tras la protesta la DOM despidió a unos 50 empleados del proyecto y a otros les aplicó descuentos salariales de más de $100.
Tres empleados de la Dirección de Obras Municipales (DOM) acusados del delito de desórdenes públicos enfrentaron ayer la audiencia inicial en su contra en el Juzgado de Paz de San Miguel Tepezontes, en el municipio de La Paz Centro.
Los trabajadores fueron puestos en libertad con medidas sustitutivas a la detención, mientras el proceso judicial en su contra continúa.
Los procesados son Jorge Adalberto Vásquez Aparicio, de 46 años; Nelson Omar Alirio Escobar, de 43; y Juan Carlos Duarte Mejía, de 32, quienes fueron arrestados el pasado jueves 26 de diciembre por haber participado en una protesta pacífica para exigir el pago de un mes de salario atrasado y su aguinaldo.
Al menos 50 trabajadores de la DOM que trabajaban en la construcción de la calle que conduce hacia el sitio turístico La Poza Verde, en el Lago de Ilopango, en San Miguel Tepezontes, bloquearon la vía con piedras como protesta por el impago.
“Nos desgasta económicamente que no nos paguen, pero es mejor buscar un empleo en cualquier lugar privado a prestar servicios al Estado que por lo que parece ya no tiene dinero para pagar”, dijo un trabajador del proyecto bajo anonimato.
Los empleados señalaron que tras la protesta no sólo hubo detenciones, sino también represalias por parte de la DOM. Afirmaron que al menos 30 trabajadores fueron despedidos tras la protesta, mientras que a otros les aplicaron descuentos salariales de más de $100.
“Este caso refleja la precariedad que enfrentamos algunos trabajadores públicos en El Salvador, quienes denunciamos atrasos salariales y malas condiciones laborales. La protesta pacífica que buscaba una solución a nuestras demandas legítimas terminó por exponer una situación de tensión entre empleados y la administración pública”, dijo otro de los trabajadores que pidió omitir su nombre.
La Prensa Gráfica buscó la postura de la DOM y del Juzgado de Paz, pero en ambas instituciones no respondieron a la solicitud realizada vía llamada telefónica.
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