En los últimos cinco años, 25,111 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual y el 75% de los perpetradores son personas conocidas, parejas, parientes por consanguinidad y por afinidad.
Presentación del informe sobre violencia sexual entre 2019 y 2023 por parte del OUDH y el IDHUCA, este miércoles 30 de octubre.
El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), informaron que 25,111 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual en los últimos cinco años en El Salvador.
La cifra está incluida en un informe presentado la mañana de este miércoles 30 de octubre, el cual abarca el periodo de 2019 a 2023. El mismos detalla que los delitos que más sufrieorn las víctimas son la violación, el estupro, la agresión y el acoso sexual.
Estos datos que fueron obtenidos de las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), reportó que el 91 % (22,847) de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes y que en el 58% de los casos, el principal agresor es un hombre, y el 75% de los perpetradores son “personas conocidas, parejas, parientes por consanguinidad y por afinidad” (familiares).
“Los hechos de violencia sexual ocurren mayoritariamente en el hogar de la víctima”, detalla el informe.
Las instituciones manifestaron que la violencia sexual ha sido “ignorada”, ya que las estrategias de seguridad han “hecho caso omiso” de este tipo de violencia.
“Los índices de violencia sexual han permanecido prácticamente invariables desde el 2019. Es decir, que las políticas públicas no han sido efectivas en reducir este tipo de violencia que afecta de forma epidémica a más del 50% de la población”, asevera el informe.
De acuerdo a lo planteado por Gabriela Santos, directora del Idhuca, más del 90% de estás víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas. Señaló que es necesario replantear las estrategias de intervención, ya que los esfuerzos estatales no han sido suficientes para reducir “las alarmantes estadísticas “.
Además, dijo que a pesar de todos estos delitos que están ocurriendo, no hay un interés en el combate a ello.
“Se ha mantenido una actitud pasiva frente a la identificación temprana de estos delitos, lo que subraya la necesidad de un enfoque interinstitucional más robusto”, señaló.
Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, dijo que en los últimos años el régimen ha impactado en el derecho de detenciones arbitrarias, entre otros, y que ha configurado un “escenario negativo”, para las mujeres y niñas.
“Es otra materia reprobada del Estado salvadoreño en cuanto a su obligación de protección de los derechos de estas miles de víctimas de violencia sexual”, aseguró.
Además, dijo que aunque el Estado no es el principal perpetrador de estos delitos, sí tiene “responsabilidad de falencia en su obligación de proteger a las víctimas y prevenir este tipo de violencia”.
Otro de los puntos expuestos fue la diferencia de datos en la homologación de las condenas por estos hechos de violencia. Las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) son diferentes a las de la Corte Suprema de Justicia.
En el Ministerio de Justicia, las resoluciones que terminaron en condena para los imputados fueron 3,590, y las absolutorias fueron de 1,062; mientras que en la Corte fueron mucho menos: 1590 condenas, y 495 absoluciones.
El OUDH recomendó “reformular la visión punitiva de las políticas enfocándose en estrategias integrales de prevención, atención y reparación a víctimas, que tengan enfoque de derechos humanos, con perspectiva interseccional y basadas en evidencia”.
Además, recomendaron fortalecer los datos, estadística e información de violencia contra las mujeres para actualizar y ampliar los indicadores, y así garantizar un registro y monitoreo permanente, “manera consistente y sostenible”.
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