Hay un precedente que favorece a la ciudadanía. Expertos señalan que bloqueos recientes son una vulneración a varios derechos.
La resolución de 2019 fue motivada por un bloqueo que la PDDH había realizado a un ciudadano en julio de 2018.
Una resolución de una Cámara de lo Contencioso Administrativo de 2019 ya dejó un precedente que favorece a ciudadanos salvadoreños cuando estos son bloqueados de cuentas oficiales, al determinar que este tipo de actos vulneran los derechos a la libre expresión y al acceso a la información pública.
La resolución en cuestión data del 22 de julio de 2019 y tiene referencia 00089-18-ST-COPC-CAM. La misma fue motivada por un ciudadano que, un año antes, se dio cuenta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) lo había bloqueado en su Twitter (@PDDHElSalvador), al igual que la procuradora Raquel Caballero de Guevara (@RaqueldeGuevara).
Aunque en ese momento la PDDH alegó que el bloqueo al ciudadano era procedente porque este generaba “comentarios irrespetuosos que afectan la dignidad e imagen de la titular y de la institución que representa”, la Cámara sostutvo que la Procuraduría había negado al ciudadano “la posibilidad de acceder y recibir la información de interés público difundida a través de las cuentas de twitter de la PDDH y de su titular” y que tampoco existió “un acto administrativo previo” para justificar el bloqueo.
“Dado que no se acreditó en este proceso la existencia de algún procedimiento seguido por las autoridades demandadas previo a incidir en la esfera jurídica del demandante, este Tribunal considera que se han vulnerado los derechos de acceso a la información pública y libre expresión del demandante”, expusieron los magistrados de Cámara en su decisión.
El martes 17 de septiembre, LA PRENSA GRÁFICA reveló que administradores de redes sociales gubernamentales recibieron listados con al menos 5,000 perfiles de periodistas, activistas, medios y ciudadanos comunes críticos del Gobierno que deben ser bloqueados.
Varios de los afectados, que también son miembros de organizaciones de sociedad civil, sostienen que este proceso afecta no solo uno, sino varios derechos a la vez.
“Estos bloqueos atentan contra el derecho de acceso a la información, pero además se debe comprender que ellos son figuras públicas, son funcionarios públicos y muchas veces publican información relevante”, sostuvo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
“En las actuales condiciones de cierre del espacio público, el bloqueo a numerosas cuentas ciudadanas y de periodistas es también claramente un acto gubernamental de intolerancia y agresión contra todo el que piense diferente a la narrativa oficial o contra todo el que potencialmente pueda cuestionar sus decisiones y medidas”, añadió José Marinero, abogado y ex director de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Hugo Sánchez, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), sostuvo que los bloqueos “constituyen una restricción injustificada al acceso a la información pública, una limitación al ejercicio periodístico y una negación a la participación en el debate público, además de constituir una discriminación basada en opiniones”.
“Se podría alegar que la cuenta de X del presidente (Bukele) es de carácter personal, pero es un hecho notorio que esta red social es el medio principal por el que el mandatario da a conocer decisiones y acciones del Estado, y no de su vida privada. Lo mismo ocurre con el resto de instituciones, sus redes son canales que deben estar al servicio de la ciudadanía”, agregó el también periodista.
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