El gobierno de los Estados Unidos acusó formalmente de terrorismo a 27 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) en 2020, por lo que solicitó la extradición de los mismos al gobierno de El Salvador.

La acusación federal estadounidense detalla que los pandilleros, la mayoría recluidos en El Salvador, funcionaban con una especie de Junta Directiva de la organización para ordenar a sus miembros que cometieran crímenes en varias ciudades estadounidenses.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, afín al oficialismo salvadoreño, ha negado en repetidas ocasiones el envío de los jefes pandilleros a Estados Unidos para que enfrenten la justicia de ese país.