El histórico pandillero salvadoreño Fredy Iván Jandres Parada, alias “Lucky”, le notifició a la jueza del caso que enfrenta por terrorismo en Estados Unidos que está “participando en negociaciones” con la fiscalía federal de Nueva York con la idea de declararse culpable, por lo que le solicitó suspender la audiencia programada para este 11 de marzo pasado.

El influyente cabecilla de la MS-13 hizo la petición por medio de su abogado James M. Branden: “Escribo para solicitar un aplazamiento de la audiencia por sesenta días, durante los cuales continuaré revisando la documentación, participando en negociaciones de declaración de culpabilidad y preparando una presentación de mitigación para que la considere el gobierno”, escribió el defensor de “Lucky” a la jueza Joan Azrack.

“Lucky” sólo ha enfrentado una audiencia durante el año que ha permanecido bajo custodia de Estados Unidos: el juez Steven L. Tiscione, de la Corte de Distrito Este de Nueva York, le notificó los cargos por terrorismo en abril de 2024, un mes después de su detención. 

Las autoridades estadounidenses informaron que el pandillero salvadoreño fue arrestado el 7 de marzo de 2024 en San Diego, California, y luego trasladado a Nueva York, donde, al igual que los otros 13 ranfleros de la MS-13, están acusados de cuatro delitos considerados como un “caso complejo”: conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo.

Esa acusación fue presentada en diciembre de 2020 ante la corte federal de Nueva York. En esa ocasión, ninguno de los 14 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha había sido detenido, pues guardaban prisión en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador; por lo que fueron pedidos en extradición. “Lucky” era prófugo de la justicia tras esa petición como parte del programa México de la pandilla, donde se afincaron varios de sus miembros que lograron salir antes del régimen de excepción aplicado desde marzo de 2022.

Además de “Lucky”, las autoridades estadounidenses lograron detener a otros dos influyentes pandilleros miembros de la Ranfla Nacional de la MS-13: Élmer Canales Rivera, alias “Crook”; y Carlos Humberto López Larios, alias “Greñas”. Para el resto, la Corte Suprema de Justicia se ha negado a avalar su extradición, alegando que deben cumplir en el país penas de prisión que tienen pendientes por diferentes delitos graves. 

El Departamento de Justicia de EUA ha hecho público que los cabecillas habrían negociado con el actual gobierno salvadoreño la no extradición en una posible “tregua” a cambio de reducir los homicidios en el país.

La acusación federal estadounidense consigna que los cabecillas de la pandilla dirigían, desde la prisión en El Salvador, a células de la MS-13 para participar en actividades delictivas en Estados Unidos, como el tráfico de drogas, extorsión, homicidios y otros crímenes graves. 

Esta es la sexta vez que “Lucky” solicita retrasar la audiencia, conocidas como conferencias de estatus, ente la jueza Azrack, según consigna el expediente judicial del caso. La primera prórroga ocurrió el 9 de julio de 2024, junto al “Crook”, sin embargo, no se llevó a cabo y fue reprogramada para septiembre, porque ambos le solicitaron a la jueza del caso que les diera más tiempo para analizar con más detalle las pruebas en su contra. 

La suspensión de las conferencias de estatus para ambos pandilleros continúo para septiembre y noviembre de 2024. Así como para las programadas en enero de este año y el 11 de marzo pasado. 

La conferencia de estatus, etapa en la que se encuentra el proceso por terrorismo contra la Ranfla Nacional de la MS-13, ocurre antes del juicio; y es donde se reúnen los abogados de las partes frente al juez del caso para conocer detalles de la acusación y con ello la opción de discutir acuerdos de culpabilidad.

La solicitud de “Lucky” queda a la espera de una respuesta de la jueza para reprogramar el trámite judicial o, si alcanza un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía federal, colaborar para identificar a otros posibles implicados en el caso.