Para que la nueva reforma entre en vigor falta que se vote en el Senado y luego la ratifiquen 17 de los 32 estados. En ambos casos, el oficialismo tiene apoyos suficientes prácticamente garantizados.
La justicia mexicana tiene problemas serios pero no está nada claro que se solucionen eligiendo en las urnas a todos los jueces que hay en el país.
Y ese es el punto central de la reforma al Poder Judicial que avanza estos días en el Congreso, una iniciativa que remodela por completo la judicatura y hará que casi 7,000 jueces vayan a elección popular.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegura que acabará con la corrupción y democratizará la justicia. Sus críticos —colegios profesionales, académicos, estudiantes, organizaciones civiles y países como Estados Unidos y Canadá— insisten en que la politizará y pondrá en riesgo la independencia judicial y libertades básicas del Estado de derecho.
Pese a las protestas, los paros en el sector, las tensiones diplomáticas y en los mercados financieros y los recursos en tribunales para pararla, la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados gracias a la abrumadora mayoría lograda por el oficialismo en las elecciones de junio.
Para que entre en vigor falta que se vote en el Senado y luego la ratifiquen 17 de los 32 estados. En ambos casos, el oficialismo tiene apoyos suficientes prácticamente garantizados.
El presidente lanzó su propuesta en febrero después de fuertes enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales cuestionaron o paralizaron algunas de sus grandes reformas. Quiere que salga adelante antes del fin de su mandato, el 30 de septiembre.
Su sucesora, Claudia Sheinbaum, se mostró más abierta al diálogo pero, de momento, asiente.
A través de la carrera judicial, que es un sistema de méritos y exámenes por concurso de oposición con el que los funcionarios van ascendiendo en responsabilidades poco a poco. Está pensado para garantizar la estabilidad, la formación y la experiencia de los jueces aunque muchos aseguran que debería mejorarse la transparencia de los concursos para evitar casos de discrecionalidad.
Para la Suprema Corte, es el Senado el que selecciona a sus integrantes entre los propuestos por el presidente.
Todos los jueces, federales y estatales, desde los de escalafón más bajo hasta la Suprema Corte, serán elegidos en las urnas. También los miembros de los órganos de gobierno judicial. Casi 7,000 cargos.
Las exigencias para ser juez se reducen notablemente. Basta tener licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia; para la Suprema Corte serán 10. No hacen falta exámenes; solo buenas calificaciones y cartas de recomendación (de cualquier procedencia).
La primera elección, que abarcará en torno a la mitad de los jueces, se haría en 2025. El resto debería coincidir con las elecciones ordinarias de 2027. Pero muchos detalles de cómo se organizará la votación son inciertos todavía.
Se abre la convocataria, se presentan los aspirantes y, de entre ellos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial escoge cada uno a su lista de candidatos para cada puesto. Después, habrá un primer filtro de un comité y, finalmente, se celebrará un sorteo donde el azar determinará los que estarán en boletas electorales.
Cada ciudadano deberá elegir previsiblemente entre aspirantes relativamente desconocidos e informarse sobre ellos será una labor titánica. Eso abriría la puerta a que cualquier poder fáctico (político, económico, criminal) influyera en su decisión, así como en las campañas electorales de los jueces. Muchos temen que suponga un mayor acoso para ellos.
El actual órgano rector, el Consejo de la Judicatura Federal, será sustituido por dos entes: un organismo de control administrativo, encargado de todos los presupuestos, y un tribunal disciplinario.
La Suprema Corte verá reducido de 11 a nueve el número de jueces con mandatos de 12 años; ahora son 15 años.
El gobierno afirma que dejar que los votantes decidan hará que no se elija a los corruptos y, además, que se reducirán beneficios de los integrantes de la Suprema Corte, que López Obrador siempre consideró excesivos. Por ejemplo, no podrán ganar más que el presidente y ya no tendrán pensiones vitalicias.
Analistas y jueces lo dudan. En primer lugar, porque el principal problema no es sólo que haya jueces corruptos que desestimen ciertos casos, sino que la policía y los fiscales —funcionarios que dependen del gobierno— están tan mal formados y desbordados. Más del 90% de los delitos nunca llega a los tribunales.
Además, aunque el nuevo tribunal disciplinario podría suponer un mejor instrumento para sancionar irregularidades que el actual —que es muy enrevesado—, preocupa su diseño, su enorme poder y que sus cinco integrantes también sean elegidos en las urnas.
Juan Pablo Campos, de la Fundación Konrad Adenauer, dedicada al fortalecimiento democrático, pone un ejemplo: no solo se podrá iniciar un procedimiento disciplinario a un funcionario por una falta o por un delito como recibir un soborno sino por otros motivos muy ambiguos que podrían conllevar que jueces sean investigados veladamente por el sentido de sus sentencias. Eso pondría en riesgo la imparcialidad de las resoluciones y desatar una “cacería de brujas” por motivos políticos.
La idea de que en juicios delicados, como los de crimen organizado, haya jueces en una sala con su identidad oculta —sin que se haya explicado cómo trabajarían— es algo que ya plantearon gobiernos anteriores pero la ONU asegura que si no se sabe quién juzga no se puede valorar su idoneidad.
“Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, indicó recientemente en sus redes.
Para Susana Camacho, de la ONG México Evalúa que somete a escrutinio acciones gubernamentales, “demuestra la debilidad del Estado para proteger a sus jueces”.
Las autoridades no han dado cifras pero, según Camacho, se necesitará un monto importante tanto para la celebración de las elecciones, así como para pagar las liquidaciones de los jueces salientes que sean sustituidos por los electos.
Además, existe el riesgo de que se retrasen juicios en marcha; de ahuyentar a inversores, como alertaron Estados Unidos y Canadá; o incluso de que se pudiera multar a México por incumplimiento de tratados internacionales que exigen garantías de seguridad e imparcialidad jurídica.
En ningún país del mundo se elige a todos los jueces por votación pero en algunos sí votan para seleccionar determinados magistrados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay distintos sistemas de voto de jueces locales que funcionan sin mayores problemas.
Bolivia apostó en 2009 por el voto popular de ciertos magistrados, aunque no tuvo mucho éxito porque se multiplicaron los votos nulos de quienes veían excesiva influencia del partido en el poder. Ahora el proceso de renovación de esos jueces está bloqueado desde hace meses.
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