La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua condenó "la persecución, hostigamiento, asedio y criminalización de la que está siendo objeto la Iglesia católica nicaragüense por parte de la dictadura Ortega-Murillo".
La ONU condena la "desaparición forzada" del obispo nicaragüense Isidoro Mora y la nueva ola de detenciones de sacerdotes. AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo
El sacerdote nicaragüense Marcos Díaz Prado fue detenido este viernes por la Policía de Nicaragua, con lo que suman cuatro los curas encarcelados en las últimas 24 horas, denunció la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Según la investigadora, "hasta la fecha no existe una acusación formal en contra" de Díaz Prado, de la Diócesis de León y Chinandega, en el noroeste de Nicaragua, y que "no se tiene información de su paradero".
Previamente la abogada había denunciado la detención del sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima en el municipio de Rancho Grande, de la Diócesis de Matagalpa (norte).
El sacerdote Calero fue "secuestrado por la Policía Nacional en su parroquia" tras haber mencionado al obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien preside la Diócesis de Matagalpa, en una misa, afirmó Molina, quien aclaró que tampoco existe una acusación formal en contra del religioso.
Díaz Prado y Calero se suman a los sacerdotes Carlos Avilés y Héctor Treminio, vicario general y tesorero de la Arquidiócesis de Managua, respectivamente, que también fueron detenidos el jueves por la Policía y civiles.
La semana pasada, las autoridades detuvieron al obispo Isidoro Mora, a dos sacerdotes y a dos seminaristas.
Ni el Gobierno ni la Policía Nacional ha confirmado o negado la presunta detención de los religiosos.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central condenó este viernes la "desaparición forzada" del obispo nicaragüense Isidoro Mora y la "nueva ola" de detenciones de sacerdotes, en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica de Nicaragua.
La Oacnudh advirtió que las autoridades nicaragüenses, además de atentar contra la libertad personal del obispo y de los sacerdotes detenidos, estarían violando "el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier Estado democrático".
Por su lado, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua condenó "la persecución, hostigamiento, asedio y criminalización de la que está siendo objeto la Iglesia católica nicaragüense por parte de la dictadura Ortega-Murillo".
"Observamos con profunda preocupación los recientes acontecimientos que no solo afectan la libertad religiosa, sino también ponen en riesgo la labor pastoral y evangelizadora", señaló la Alianza Cívica, que fue la contraparte del Ejecutivo sandinista en una mesa de negociación en la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Según esa alianza, cuyos principales dirigentes fueron desnacionalizados y expulsados de Nicaragua, "es alarmante el contexto de detenciones arbitrarias e ilegales de líderes religiosos", entre los que mencionaron a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, a los sacerdotes Pablo Villafranca, Óscar Escoto, Carlos Avilés, Héctor Treminio, y a dos seminaristas.
"Demandamos el respeto a su integridad física, psíquica y exigimos su libertad inmediata e incondicional, porque no han cometido ningún delito", agregó.
Ese grupo opositor observó que la Iglesia católica, "a lo largo de la historia, ha desempeñado un papel vital en la promoción de los valores fundamentales de justicia y paz" en Nicaragua.
"Nos solidarizamos con el pueblo católico ante el asedio constante en los templos religiosos", añadió la Alianza Cívica, que expresó su cercanía con la Iglesia católica nicaragüense.
Según la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio titulado 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?', actualmente las autoridades mantienen detenidos a dos obispos, seis sacerdotes y dos seminaristas.
Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional ha confirmado o negado la presunta detención de los religiosos, excepto la del obispo Álvarez, quien el 10 de febrero pasado fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados traición a la patria.
Esa condena fue dictada un día después de que Álvarez rechazó subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien en cadena nacional lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El Gobierno de Nicaragua excarceló en octubre pasado a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano, aunque entre esos religiosos no se encontraba el obispo Álvarez.
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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