La Asamblea Nacional ya aprobó en primera legislatura las reformas constitucionales promovidas por Daniel Ortega para afincarse en el poder.
"No nos extraña en lo más mínimo lo que está haciendo el presidente Ortega. Realmente estamos volviendo a la Edad de Piedra en Nicaragua", fueron las palabras del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), José Roberto Dutriz Fogelbach, ante la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega en Nicaragua para ampliar el periodo presidencial a seis años, afianzar el control del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado y establecer la figura de "copresidenta".
En declaraciones a la agencia AFP panameña, Dutriz valoró que Nicaragua vive un contexto "arcaico", con "extremo autoritarismo y acoso hacia las voces disonantes, no solo contra medios de comunicación, sino también contra personas".
Además, lamentó el creciente retroceso democrático del país centroamericano. “Nos da mucha tristeza que un país hermano como Nicaragua haya retrocedido en este aspecto, no es nada sano para la región ni para la sociedad nicaragüense”, agregó el también director ejecutivo de LA PRENSA GRÁFICA.
En un comunicado de prensa, la SIP reiteró que las reformas están enfocadas a que Ortega "se perpetúe en el poder junto a su esposa e hijos, y recrudeció aún más el control de los medios de comunicación."
La reforma parcial a la constitución presentada por Ortega a la Asamblea Nacional, condenada y rechazada por opositores, contempla la ampliación del mandato presidencial a seis años, crear la figura de "copresidenta" y que el Ejecutivo "coordine" los demás poderes del Estado, algo que organizaciones críticas han intepretado como el control definitivo de todo el aparato estatal.
La mayoría absoluta sandinista en el congreso nicaragüense no tardó en aprobar este viernes por unanimidad las enmiendas a la Carta Magna, que también incluyen refundar el Estado al calificarlo de "revolucionario".
Otros puntos pretenden aumentar la vigilancia a medios y organizaciones religiosas, para que no se "dobleguen" a intereses extranjeros, así como la creación de una Policía Voluntaria que, según sectores civiles, operará en la práctica como grupo paramilitar y parapolicial.
135 artículos modificados y 38 derogados dejó el resultado de la votación en el Congreso, eliminándose, entre otros, un mandato que prohibía la práctica de la tortura.
Para que entren en vigor, los cambios deben ser ratificados por la próxima legislatura, prevista a asumir en el primer trimestre de 2025.
Mientras en Nicaragua se agudiza el control represivo a la sociedad civil, angostándose cada vez más el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, en Guatemala y Panamá hay síntomas de un camino seguro hacia tales garantías, al menos desde la diplomacia gubernamental.
Solo en este mes, los mandatarios de ambos países, Bernardo Arévalo y José Raúl Mulino, suscribieron la Declaración de Chapultepec de 1994 con vigilancia de la SIP, un tratado con diez principios fundamentales para la garantía de la libertad de expresión y de prensa en una democracia.
Ayer jueves, el presidente panameño José Raúl Mulino firmó además la Declaración de Salta II, que estipula principios para garantizar la libertad de expresión en la era digital.
José Roberto Dutriz comparó las realidades disonantes de Nicaragua y Panamá en términos de libertad de expresión. "Es el contraste entre una sociedad moderna versus una sociedad arcaica".
Además, encomió el compromiso de Mulino de no manipular a los medios con la pauta publiciataria estatal. "En el pasado esa práctica generó desigualdades hacia la prensa", recordó.
Con la adhesión del Estado panameño, Mulino se unió a sus homólogos de Ecuador, Daniel Noboa, de Paraguay, Santiago Peña, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, como los mandatarios que han firmado la Declaración de Chapultepec en 2024.
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