Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presidida por José Roberto Dutriz Fogelbach, director general de La Prensa Gráfica, visitó Costa Rica para verificar el creciente deterioro de las libertades de expresión y de prensa.

De acuerdo con la institución, las restricciones son provocadas por la actitud del Poder Ejecutivo de estigmatizar e intentar amedrentar al periodismo crítico, situación que genera un clima de tensión que afecta el trabajo de los medios de comunicación y fomenta temor y autocensura.

"Es alarmante ver cómo el clima de intimidación y hostilidad promovido desde el Ejecutivo afecta la labor de la prensa, como ya ha ocurrido en otros países de la región que pronto derivaron en regímenes autoritarios o en francas dictaduras", expresó Dutriz. 

El presidente de la SIP también señaló que dicho deterioro no se puede permitir, sobretodo, en "un país con la tradición democrática y de convivencia política que acredita Costa Rica". 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo que "la estigmatización de la prensa crítica y el uso de recursos del Estado para deslegitimar a periodistas y medios de comunicación generan un peligroso precedente que debilita la democracia". 

La delegación se reunió con el canciller, Arnoldo André; el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y el director de Información y Comunicación de la Presidencia, Luis Carlos Monge. La SIP solicitó con anticipación una reunión con el presidente Rodrigo Chaves, pero el mandatario declinó recibir a la delegación por cuestiones de agenda.

Tras varios días de investigación, estos fueron los principales hallazgos de la misión de la SIP respecto a la libertad de prensa en Costa Rica: 

• Ataques verbales constantes del presidente Rodrigo Chaves, quien en sus conferencias de prensa semanales denosta a periodistas, a los que califica de "prensa canalla" y "sicarios políticos" (entre otros agravios).
• Fuerte hostigamiento a periodistas críticos en redes sociales, lo que se traduce en amenazas de parte de cuentas presuntamente ligadas al Gobierno, lo que podría derivar en agresiones físicas.
• Granjas de troles que atacan a quienes expresan opiniones contrarias a las políticas oficiales o señalan inacciones del Gobierno.

• Publicación en redes sociales de información personal y privada de periodistas y activistas, lo que expone a estos a riesgos y eventuales agresiones.
• Manipulación en la distribución de la pauta oficial como un sistema de premios y castigos que restringe el acceso a pauta a medios críticos y beneficia a aquellos que respaldan las políticas oficiales.
• Un clima enrarecido y polarizado sin precedentes en la historia política de Costa Rica, generado por estas acciones del Ejecutivo que fomentan un ambiente de temor e intimidación. "Nunca se ha vivido una polarización y un clima de intolerancia política semejante en este país", fue una frase frecuente en los diálogos mantenidos por la comitiva.
• Subsistencia de leyes que criminalizan los delitos contra el honor, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, lo que representa una amenaza que aún se utiliza para castigar a los críticos en los medios de comunicación.

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