La dinámica de secretismo, intimidación y opacidad en la que la administración Trump ha entrado luego de la deportación de poco más de doscientos ciudadanos venezolanos a El Salvador es ruidosa pero poco sorprendente; el endurecimiento del discurso político en el continente es consistente con la transformación de la función pública en espectáculo.
Mucho se ha escrito respecto a la transformación del debate político en cotilleo de poca monta, en cómo la falta de profundidad de los contenidos facilita su consumo y penetración en la opinión pública en esta época de hipermediatización y de mímica democrática a través de las redes sociales. Pero hay un aspecto aún más siniestro de esta trivialización de la conversación política: los límites de lo indecible se movieron kilómetros y del discurso "correcto" y habitual en otros contextos y coyunturas se ha pasado a normalizar posturas segregacionistas, racistas y misóginas, entre otras taras.
No se trata sólo de la imposición del estilo de tal o cual personaje político, la virulencia en las manifestaciones públicas y en la dialéctica de una sociedad no es una anécdota en la medida en que los ejemplos se van repitiendo, en este caso a lo largo y ancho del hemisferio. Puede convertirse en una tendencia que va desde los márgenes del espectro ideológico-político al centro, por lo general con la ayuda de los partidos conservadores tradicionales, de modo que buena parte de las fuerzas políticas pueden acabar compitiendo o jugando un rol en lo que algunos teóricos ya definen como "la carrera del odio".
Aun cuando desde la oposición, el centro o la izquierda políticas —dependiendo de qué país se trate— se reniegue de esta inercia, es más probable que ante los liderazgos de esa índole los contendientes, adversarios y disidentes exhiban una tolerancia pasiva que una pose contestataria. Es otro modo de reaccionar pero también de colaborar con la normalización de la crispación.
El pulso entre el gobierno republicano y un juez federal sobre los detalles de los vuelos que llevaron a los detenidos venezolanos a las cárceles salvadoreñas ya subió de tono, y en su escalada dialéctica, Donald Trump ya amenazó con proceder contra quienes intervengan a favor de los deportados de esta y de otras nacionalidades cuando su Departamento de Justicia considere que sean "litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos".
Si bien es ostensiblemente un arrebato ilegal, es una decisión congruente con lo que el Presidente de Estados Unidos ha hecho desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero: girar una orden ejecutiva tras otra para expandir los poderes del Ejecutivo, en abierto desafío a la separación de poderes, en especial a la resistencia del órgano judicial.
A diferencia de otras naciones donde operaciones de ese calado prosperan porque la mayoría de los ciudadanos está entretenida o distraída con el espectáculo y el resto observa intimidado, en la estadounidense hay una masa crítica poderosa y respetable que no quita el dedo del renglón ni permite que el volumen y los manierismos del discurso oficial desvíen la conversación de lo realmente importante: la preservación de la democracia, su sobrevivencia pese a quienes la sabotean desde el mismo sistema como mercenarios salidos del caballo de Troya.