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 la desaceleración de la creación de empleo formal que ya se detectaba el año pasado, la economía salvadoreña agrega desde el último trimestre de 2024 la disminución del tamaño del aparato de gobierno, una tendencia que continuará como resultado del enfoque del ajuste fiscal que el gobierno tiene en marcha. El modo cómo la administración encare y procese el resultante déficit laboral y de qué modo incentive la inversión extranjera directa o el emprendedurismo será fundamental; de ello dependerá el equilibrio entre tensión social, gobernabilidad y seguridad a mediano plazo.
Según La Prensa Gráfica publicó esta semana, de la lectura del documento del acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional se establece que el énfasis de las medidas con las que el gobierno se comprometió para paliar el déficit fiscal está en la reducción y racionamiento de la masa salarial. Eso incluiría la reducción de las asignaciones presupuestarias para salarios, eliminación de puestos vacantes, la prohibición de aumentos salariales, la aplicación de los mecanismos de indexación salarial en el sector salud sólo a los trabajadores con bajos salarios y la suspensión de la concesión de nuevos beneficios en futuros contratos laborales.
En resumen, el impacto lo seguirán pagando los empleados públicos a través de la pérdida de beneficios y prestaciones de las que gozaron hasta ahora, y la población, porque la reducción del tamaño del gobierno precariza la calidad de los servicios públicos, en especial en las carteras de salud y educación, pero también los de jurisdicción municipal, porque las alcaldías entraron en ese mismo proceso de ajuste y por una vía exprés: la de la supresión, unificación y alteración del mapa político-administrativo.
¿De qué alternativas dispone esa población económicamente activa que perdió su empleo en el sector público? El sector privado sigue creciendo, pero no a la velocidad necesaria, entre otras razones, por la falta de incentivos fiscales y los riesgos que se corren en un contexto jurídico tan volátil como el salvadoreño.
Buena parte de las expectativas están en la entrada de capitales frescos, pero aunque el gobierno ha tomado creativas medidas para atraer inversionistas en rubros como desarrollo de la economía cripto o el turismo, el segundo semestre del año pasado se cerró con flujos negativos en la inversión extranjera directa. La prolongación del régimen de excepción y la resultante inseguridad jurídica, agravada por las licencias que el oficialismo puede tomarse con la Constitución de la República a partir de la reforma a su Artículo 248, es uno de los principales factores de riesgo para los capitalistas interesados en El Salvador. A eso se añade la falta de transparencia gubernamental y lo poco competitivo que sigue siendo el país en términos de costos en algunas materias.
Es poco probable que El Salvador mejore en ese sentido y rompa la tendencia a la baja; aun así, el gobierno debe empeñarse en diseñar políticas económicas consistentes, en no embarcarse en otras temeridades después de la Ley Bitcóin y en recuperar credibilidad como buen administrador y como un régimen respetuoso del orden jurídico para que su imagen no pierda enteros ante los potenciales inversionistas. La penetración de la marca país no equivale a promoción del territorio como destino de inversión si lo que se propaga es la imagen de un gobierno autoritario cuya principal habilidad es la de administrar centros penales.