Después de la pandemia del COVID-19 en 2020, el sistema de pensiones en El Salvador empeoró en diferentes vías, al reducirse 1.3%  el número de cotizantes y también disminuyó en 14% la cantidad de cotizaciones mensuales, según indica un reciente estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “Repensar la jubilación. Los sistemas de pensiones en América Latina después del COVID-19”.  

El BID revela un dato preocupante para miles de salvadoreños que están próximos a jubilarse pues  la tasa de reemplazo, es decir,  el porcentaje del salario que una persona recibe respecto a sus actuales ingresos, se reducirá en hasta un 28%, como consecuencia de los retiros anticipados que se avalaron desde 2017 y que aumentaron en 2020, cuando los ingresos de los salvadoreños se redujeron. 

Una estimación de la agencia de análisis de riesgos, SCR, indicaba en 2023  que la tasa de reemplazo que los pensionados salvadoreños podrían recibir sería del 33%. Ahora, el BID la reduce a 28%.  

Según el BID, antes de la pandemia, en 2018, 10,072 cotizantes realizaron retiros anticipados por $59.8 millones. La cifra aumentó a 17,174 cotizantes en 2019, con lo cual, la suma retirada fue de $106.2 millones.  Pero en 2020, el año en que surgió la pandemia del COVID-19, unas 23,818 personas realizaron retiros anticipados con un valor de $194.7 millones. Y en 2021, la cantidad aumentó aún más, a 55,000 cotizantes que retiraron $344.4 millones.
A junio de 2022, el  total de cotizantes que habían retirado su anticipo de pensión superaba los 108,000, según las AFP.   

“La mayoría de los trabajadores  formales  activos  respondieron  correspondientemente,  y retiraron  la  mayor  parte  de  lo  permitido  para  financiar  un  consumo  a  corto  plazo  en  tiempos  de  pérdida  del  ingreso.  Dado  el espacio  fiscal  limitado  del  gobierno  salvadoreño,  estos  retiros anticipados ayudaron a las personas a compensar por la pérdida de ingresos provocada por la pandemia”, señala el BID. 

Y fueron las mujeres quienes más retiraron dinero anticipado de su pensión. El monto promedio retirado por las mujeres entre 2018 y 2020  fue de $5,900 por ser el grupo población que se jubila más rápido (a los 55 años), mientras que el monto promedio de retiro anticipado de los hombres fue creciendo con los años, desde los $5,900 en 2018 a $10,500 en 2020.

Estos retiros anticipados fueron eliminados con otra  reforma de ley en 2022.
Por otra parte, desde abril del año pasado no hay datos oficiales públicos acerca del número de cotizantes activos en el sistema previsional, ni sobre la rentabilidad, ni los montos otorgados de jubilaciones.

Presión fiscal
El BID destaca , además, que “la mayoría de los activos de las pensiones se invierten en bonos públicos locales (ya sea CIP o COP), por lo que, la disminución de estos activos, a través de los retiros anticipados, representaba una dificultad para financiar el déficit fiscal del gobierno.  
“En el pasado reciente, el gobierno entró en un impago selectivo, precisamente por no cumplir con los pagos programados a los fondos de pensiones privados”, señala.  

El organismo estima que con lo que ya se retiró a través de los anticipos, la presión fiscal del sistema representará el 5.5% del PIB, debido a los pagos que el Estado estará obligado a hacer para financiar el compromiso con las pensiones privadas dado el mayor número de pensiones mínimas que tendrá que asumir.  
“El modelo muestra un aumento del  costo fiscal para financiar el compromiso  con las pensiones privadas, dado que los  retiros anticipados aumentarán el número de personas que cumplen los requisitos  para recibir una pensión mínima bajo el sistema privado”, advierte.

Por otro lado, las pensiones no contributivas, “son casi inexistentes” y existe una  “pensión básica universal” que solo cubre a las personas de edad avanzada en extrema pobreza y que cuesta cerca del 0.08% del PIB. “Estos gastos no aumentaron durante la pandemia”, sostiene el documento. 
En sus conclusiones, enfatiza que “las reformas al sistema de pensiones salvadoreño, tanto estructurales como paramétricas, no han logrado resolver los principales problemas de cobertura y adecuación de beneficios y sostenibilidad financiera.  

Además insiste  en que el país necesita  una reforma integral del sistema de pensiones que se centre en los objetivos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad van más allá de los objetivos parciales; así como, debates a corto plazo, que involucre a todos los actores políticos y económicos con interés en encontrar una solución.